La anormalidad democrática

España es el país del mundo con más artistas encarcelados. En el 2019 fueron detenidos catorce, según un informe de Freemuse, oenegé consultora de las Naciones Unidas dedicada a defender la libertad de expresión artística. En el 2018 ya alertaba de que estamos a la cabeza en número de músicos con sentencias condenatorias por las letras de sus canciones. El martes, los Mossos d’esquadra detuvieron al rapero Pablo Hasél, condenado, como el rapero Valtònyc, por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo, en sus tuits y raps.

La imagen de los estudiantes encerrados con Hasél en la Universitat de Lleida ha llenado las redes y ha recorrido media Europa. También lo han hecho las imágenes de la concentración en homenaje a la División Azul, en el cementerio de la Almudena, donde abundaban las banderas con el aguilucho, brazos en alto al grito de “Arriba España” y arengas nazis. La Fiscalía investigará los insultos antisemitas. De momento la apología del franquismo no está contemplada como delito, porque la ampara la libertad de expresión.

Un doble ejemplo con el que se entiende mejor tanto la irrupción de la extrema derecha en las instituciones políticas como la vergüenza de pertenecer a este país. Incluso es comprensible que algunos se avergüencen de formar parte del Gobierno que lo representa. Lo grave es que quienes podrían y deberían cambiar las cosas se limitan a tuitear o dar entrevistas cuestionando la normalidad democrática y quejándose de sus déficits. Actuar como si estuvieran en la oposición, y no fueran en realidad vicepresidentes o ministros, en efecto no es muy normal. Entre otras razones, porque el mensaje implícito a su incapacidad es que votarles no sirve para nada. Es inútil dado que ellos lo son.

Más allá de derogar la ley mordaza, el Gobierno tiene una responsabilidad con la ciudadanía y nos toca exigírsela, mediante expresiones artísticas, de opinión y manifestación lógicamente indignadas. La revolución puede empezar por un tuit, pero nada se resuelve en Twitter, mucho menos la gestión de un país. No vale decir que urge reformar el Código Penal y no ponerse las pilas de inmediato. Porque mientras los miembros de ambos gobiernos lloriquean y critican a sus socios en vez de cumplir, mientras desatienden la crisis sanitaria más grave del último siglo y minimizan la amenaza de la ultraderecha instalados en un vacuo postureo, todos somos susceptibles de acabar en la cárcel, o con un ojo reventado por una bala de foam al protestar. Así está la democracia.

Lo grave es que quienes podrían y deberían cambiar las cosas se limitan a tuitear