El agregador de noticias de Google pone en discusión la pluralidad
El buscador, en el foco de autoridades reguladoras, intenta pactos en todo el mundo
Han pasado 15 años desde que Google lanzó oficialmente su agregador de noticias Google News, un escaparate a través del cual empezó a enlazar información de los medios de comunicación de todo el mundo sin pagar por ello. Y hace 14 años que existen sentencias judiciales en Europa que obligan al gigante de Silicon Valley a retribuir a los propietarios de los derechos o a dejar de vulnerarlos. A lo largo de todo ese tiempo nunca hubo avances en ese sentido. Hace un mes, el Gobierno de Australia, anunció que obligará por ley que las tecnológicas negocien un pago justo con los editores y que, en caso de discrepancia, designará un arbitrio vinculante. Google amenazó entonces con abandonar ese país. El Ejecutivo no cedió. Esta semana el buscador ha empezado a llegar a algunos acuerdos con la prensa australiana. ¿Ha llegado la hora de pagar por la información?
Durante años, el argumento de la tecnológica para evitar pagar a los editores es que Google News es un servicio gratuito al público que proporciona —también gratis— a los medios de comunicación un tráfico de visitantes que de otra forma no tendrían. Pero una constante de internet es que nada es gratis. Con los contenidos que elaboran las empresas periodísticas mediante estructuras profesionales, el buscador obtiene tráfico directo, los datos de los usuarios y un beneficio a través de operaciones en el mercado publicitario digital, que copa casi en un 80% junto con Facebook —esta última dejará de permitir los enlaces a noticias en Australia porque no está dispuesta a pagar por una información que no genera—.
El 16 de diciembre del 2014 España se convirtió en el primer país del mundo en el que Google cerraba Google News. El motivo fue la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que contemplaba en su artículo 32.2 el derecho de los editores de noticias a recibir una compensación económica irrenunciable por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus informaciones.
En aquel momento, Google aseguró que pagar a los editores no era sostenible porque Google News no ganaba dinero. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo para que haya nuevos intentos del gigante de las búsquedas de agregar noticias de medios confiables?
Ahora Google está impulsando un nuevo proyecto basado en la agregación de noticias llamado Google News Showcase, para el que ha anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares (830 millones de euros) en tres años (277 millones de euros anuales) para repartir a medios de comunicación de todo el mundo. Ya tiene algunos acuerdos con medios de Francia, donde distribuirá 63 millones de euros entre 121 empresas periodísticas en tres años.
En el caso francés, en el que hay un gran número de medios que participan del pacto con Google, hay discrepancias no resueltas. El sindicato de editores de noticias online Spiil ha afirmado que “estos acuerdos opacos no garantizan un trato justo a todos los editores de noticias, ya que la fórmula de cálculo no se hace pública”. La misma fuente apunta por qué han
El gigante de internet persigue una norma europea más laxa que la ley española de propiedad intelectual
llegado a un acuerdo satisfactorio para todos: “Google se aprovechó de nuestras divisiones para favorecer sus intereses”.
En el país de origen de Google, Estados Unidos, todo está abierto en estos momentos, porque los editores respaldan una nueva legislación que les permitiría negociar con las empresas tecnológicas como colectivo sin violar las leyes antimonopolio ya vigentes. Un reciente informe del Congreso norteamericano afirma que las grandes compañías tecnológicas han perjudicado al sector periodístico porque “pueden imponer condiciones unilaterales a los editores, como acuerdos de reparto de ingresos del tipo ‘tómalo o déjalo’”.
La situación en España es compleja también. Google persigue que se transponga la directiva europea, más laxa que la española Ley de Propiedad Intelectual del 2013, y eso abriría la negociación individualizada con los medios —la palabra clave de la ley era “irrenunciable”, lo que fuerza acuerdos colectivos—. Pero ni en ese caso podría el buscador tenerlas todas consigo.
Esta semana eurodiputados dedicados a la redacción de los dos grandes proyectos legislativos del ámbito digital, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) han declarado al Financial Times que ambas normativas podrían ser modificadas a su paso por el Parlamento Europeo para que se incluyan aspectos de la norma de Australia, como el arbitraje vinculante y la obligación de que las compañías tecnológicas deban informar a los medios sobre cambios en la clasificación de las noticias.
Google no puede ser considerado un buscador más. Es “el buscador”. Tiene una cuota de mercado del 96% en España y del 91,38% en todo el mundo. Eso significa que prácticamente todo pasa por su motor de búsqueda. Editores de todos los países están pendientes de estos cambios. Andrew Macleod, director de la canadiense Postmedia lo define como un cambio de paradigma: “Buscamos un resultado para crecer y arquitecturar nuestro futuro en lugar de depender de una dádiva”.