La coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos vive su momento más crítico
El 8-M se acerca sin que se vea luz para un acuerdo en las políticas feministas
Las políticas de vivienda y de igualdad concentran una guerra sin cuartel en el Gobierno de coalición por las políticas reales, que se intensifica conforme pasan los días, aderezadas por otras disputas más crudas pero que no atañen a la agenda legislativa, como los disturbios a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél. La agenda feminista se enfrenta por segunda vez a un aumento de la temperatura conforme se aproxima el 8-M, amenazando con emponzoñar la única causa transversal, junto al ecologismo, que atraviesa estos tiempos. Esas son las colisiones políticas reales en la coalición tripartita del Gobierno –en la que operan tres actores cada uno con su propia agenda: el sanchismo, liderado por el presidente Pedro Sánchez y su número dos, Iván Redondo; el veterano socialismo del bipartidismo, dirigido, también desde la Moncloa, por la vicepresidenta Carmen Calvo; y el socio minoritario, Unidas Podemos, encabezado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias– y a las que no se vislumbra solución a corto plazo.
Por delante de estas cuestiones políticas nucleares e inmediatas, actúan como señuelos de una virulenta pugna política cuestiones exageradas que teatralizan esas tensiones y que tienen en Calvo e Iglesias sus actores principales. Y que, en el fondo, son un constante test sobre la fatiga de materiales del pacto del 78. Así, los debates sobre normalidad democrática, los tuits de Echenique sobre las manifestaciones por la libertad de expresión, devenidas violentas, o la inacabable cuestión republicana, discusiones irresolubles que llenan horas de televisión y sirven para poner de manifiesto las diferencias entre socialistas y morados, pero que no atañen a la agenda política del Consejo de Ministros.
La intensidad de esos debates –activismo callejero, normalidad democrática y republicanismo– excitan el ambiente social y trasladan una sensación de precariedad en la coalición. Pero la verdadera pugna de la política real circula estos días entre Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por una parte, y entre Iglesias y la vicepresidenta tercera Nadia Calviño –con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como superconductor del dilema–, por la otra.
A medida que se acerca el 8-M, cuya celebración habrá de ser menos multitudinaria debido a la pandemia, sigue abierta la discusión sobre cómo despatologizar al colectivo trans sin que haya habido entre dos feminismos –vintage y actual, o moderno y posmoderno, según quién los describa– acercamiento alguno y con el agravante de la operación Zerolo, con la que el PSOE se adelantó al ministerio de Montero. Calvo tiene muchas objeciones, como hace un año, a la destreza legislativa de Igualdad, pero no las pone por escrito, así que el ministerio no puede incorporarlas y no hay visos de que la tesitura vaya a resolverse antes de la cita feminista.
En el otro frente, el PSOE se resiste a una política intensa de intervención en el mercado del alquiler de vivienda, a pesar de que ni el estado comatoso del airbnb por la pandemia ni los millones de viviendas vacías, retenidas fuera del mercado, estén contribuyendo a relajar los precios. Los socialistas descon
DOS FRENTES
Monarquía, disturbios y calidad democrática copan el debate, lejos de la agenda legislativa
RITMOS DIFERENTES
El PSOE acusa a su socio de precipitación en el cumplimiento de la agenda legislativa
fían de la eficacia de intervenir los precios, visto el modesto resultado en otros países. El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral y el por entonces portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ya discutían en el 2018 sobre la necesidad de disponer de un parque amplio de vivienda pública en oferta de alquiler que supusiese una cuota de mercado alta como mecanismo óptimo para contener los precios. Ante esa duda, sigue abierta la tensión entre el llamado nacional-ladrillismo
–que postula construir más para mejorar esa oferta, a pesar de la cantidad de vivienda vacía existente– y las políticas de intervención que fuercen a introducir en el mercado la vivienda vacía, bien mediante el gravamen fiscal o, en términos más radicales, una política ambiciosa de expropiaciones de casas sin uso, en propiedad de entidades financieras y fondos de inversión. El debate está completamente atascado, a pesar del acuerdo consignado en el pacto de coalición, y de que en noviembre se acordó sacarlo de los presupuestos para evitar más líos y dejarlo para una ley de Vivienda que tendría que haberse presentado hace ya varias semanas.
Junto a los verdaderos choques de fondo y a las reiteradas trifulcas entre los socios, con una continua exposición pública que los socialistas advierten que debilita al Gobierno y empaña su acción política, la urgencia que trata de imponer Podemos a muchas de las iniciativas redobla la presión en sus discrepancias con el PSOE. “Qué prisas tienen para todo”, lamentan en el sector socialista del Ejecutivo, donde demandan hacer las cosas “bien, y no rápido y mal”. Y desde la formación morada se denuncian al tiempo bloqueos y demoras injustificadas que aseguran que les “exasperan”.
Estas discrepancias en los ritmos de los socios no son nuevas, ya se constataron con el primer gran conflicto que los dividió al poco de constituirse la coalición hace poco más de un año, con la ley de Libertades Sexuales. Pero, lejos de ir acomodando sus tiempos, los socios difieren en los ritmos de cada vez más iniciativas, de los indultos a los líderes independentistas a la reforma “dura” del Poder Judicial, que la formación morada quería mantener viva y Sánchez ordenó congelar. Y desde la futura ley de Vivienda a la nueva legislación LGTBI, o la reforma de los delitos que afectan a la libertad de expresión y que tienen estos días sobrexcitada a la calle, a las tertulias y a la coalición.