Al séptimo día
Siete días después de que se iniciaran los disturbios en Barcelona, el presidente en funciones de la Generalitat compareció ayer para criticar los altercados y dar su apoyo a los funcionarios públicos de seguridad.
Barcelona se halla en una situación lastimosa tras una semana de violentos disturbios. Después de que el sábado fueran vandalizados 75 de sus establecimientos, el paseo de Gràcia ofrecía el domingo por la mañana un aspecto desolador. Y no solo por la extensión de los destrozos y la factura que comportarán. También porque flotaba en el aire una sensación de impotencia y desamparo colectivos, por el modo en que las autoridades están gestionando esta crisis. El Govern en funciones de la Generalitat no cumple con algunas de sus obligaciones: de hecho, no está garantizando el orden público, ni la seguridad ciudadana, ni el respeto a la propiedad pública o privada. En lugar de eso, anda enfrascado en un debate sobre la conveniencia de reformar el modelo policial, inoportuno cuando las calles arden. Ha desamparado a los Mossos, a los que Junts y ERC han dedicado más reproches que muestras de lealtad, pese a ser funcionarios sujetos a su Govern. Y, peor aún, están obrando así, pensando acaso en complacer a la CUP, para no perder apoyos de cara a la formación del futuro Govern.
Comerciantes, hoteleros y restauradores, ya muy afectados económicamente por la pandemia, se reunieron el domingo para expresar su descontento y exigir responsabilidades políticas, tanto al Govern como al Ayuntamiento de Barcelona. Ninguna de estas dos instituciones –dicen– ha hecho todo lo necesario para parar los disturbios o apoyar a los Mossos.
Los defensores de la libertad de expresión –en cuyo apoyo se convocaron unas manifestaciones donde ahora actúan embozados los saqueadores– somos mayoría en la sociedad. Pero el tejido industrial y comercial merece atención. El presidente de Foment del Treball tuvo que recordar que representa el 23% del PIB catalán y ofrece 450.000 empleos.
Ni el Govern en funciones ni el Ayuntamiento de Barcelona pueden guardar silencio ante esta crisis. Hasta ayer a media tarde, su silencio era preocupante. A esa hora el presidente en funciones de la Generalitat compareció para apoyar a los Mossos y criticar los disturbios. Pero su condena de las noches en llamas pareció más tibia que rotunda. “Apoyamos a los trabajadores públicos que trabajan en la seguridad”, dijo en genérico. “Después de las manifestaciones –añadió– se han producido pequeños actos de pillaje”. Quizás no pocos barceloneses opinen distinto y crean que el estado físico y anímico de la ciudad no es el causado por percances nimios. En fechas previas, el Govern había abandonado al conseller de Interior, forzado a un ejercicio de contorsionismo verbal y enfrentado a una misión imposible: por una parte, sintonizar con la cúpula de Junts temerosa de incomodar a una CUP que reclama su cabeza; y, por otra, congraciarse con los Mossos que frenan a quienes queman contenedores, mientras la CUP los acusa de ser los causantes de la violencia. La alcaldesa, que debe recordar que los daños de las manifestaciones tras la sentencia del procés costaron tres millones, ya ha condenado la violencia aunque tarde, según Foment; si bien la Guardia Urbana ha reactivado estos días a sus antidisturbios.
Los gobernantes que no gobiernan incumplen su obligación. Como dijo en su día Jordi Pujol, “querer o no querer tener competencia sobre el orden público (...) es un claro indicador de si realmente se quiere tener autogobierno y responsabilidad política o no”. ERC y Junts, ambos en el Govern en funciones, han flirteado con la dejación de responsabilidades. Y eso no ayuda a su probable repetición en el Govern.
Los Mossos no son el problema. Ni lo es, salvo excepciones, la libertad de expresión. Otra cosa son el alto paro y los bajos horizontes de las jóvenes generaciones. Y, en ese capítulo, la labor del Govern tampoco ha logrado cambiar gran cosa.
El presidente en funciones de la Generalitat criticó al fin los disturbios, con más
tibieza que rotundidad