El PSOE elude el pacto de alquiler y necesitará al PP para sacar su ley

Esquerra y Bildu reclaman la comparecencia urgente de Ábalos en el Congreso

La ley de Vivienda puede ser un hito para el Gobierno de coalición porque puede salir del Consejo de Ministros con el apoyo único del PSOE y encontrarse en el Congreso con el voto en contra de Unidas Podemos y buena parte de los socios de investidura. Eso no significa que Pedro Sánchez no pueda sacar adelante su ley, pero necesitaría al PP para superar el voto en contra de su socio y de la izquierda plurinacional que con su apoyo o su abstención facilitaron la puesta en marcha de la legislatura, con un acuerdo de investidura que incluía regular el alquiler. De momento, ERC y EH Bildu ya han pedido explicaciones urgentes del ministro de Transportes,

José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados.

Aunque el ruido mediático por los disturbios, la delicada posición del rey emérito o la calidad democrática concentre la atención, la pugna real del Ejecutivo es por las políticas efectivas, no por la retórica, y la ley de Vivienda es la joya de la corona para el socio minoritario. El anuncio ayer de Ábalos de que la ley de Vivienda no articulará mecanismos de intervención directa en precios sino meros incentivos fiscales para aumentar la oferta en el mercado es casus belli para los morados. La política de rebajas de impuestos que promueve Ábalos –y en la que Podemos ve la mano neoliberal de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño– es opuesta a la propuesta por Unidas Podemos, que pedía si acaso gravar las viviendas vacías, entendiendo que la presión fiscal española, muy por debajo de la media europea, requiere ajustes sobre todo en rentas altas y del capital, los operadores principales del mercado de vivienda. “Es más eficaz promover que imponer”, aduce Ábalos. “Lo pactado obliga”, responde la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Belarra alude al pacto por tres veces suscrito a este respecto entre socialistas y morados, la primera vez, en septiembre del 2018; la última, el 23 de octubre pasado, en la negociación de presupuestos, firmado por PSOE, Unidas Podemos y otras seis formaciones. Ese documento firmado por ocho partidos dice que serán “coproponentes de la ley el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030” y concreta que se habilitará a ayuntamientos y comunidades para declarar “zonas de mercado tensionado”, en relación al índice de precios, para que en ellas se apliquen “mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes”. El texto va más lejos y señala que “en todo caso y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos” incluso fuera de las áreas tensionadas.

Nada de eso contempla hoy el ministro que –por ahora, al margen de Vicepresidencia– ultima el proyecto para el que pide calma, al margen de plazos: “Ha de ser una buena ley que dé respuesta al derecho a la vivienda y a su función social y no puede ser una ley coyuntural”.