Uno de nosotros
Así es un mosso, policía local o nacional, guardia urbano o civil. Su profesión: velar por nuestra seguridad, proteger vidas y bienes y hacer cumplir la ley. Es una persona que, como cualquier otra, puede equivocarse, y si llegara este caso debe corregirse, pero no puede aceptarse que se aplique a los uniformados la certeza de culpabilidad por los mismos que presumen la inocencia de delincuentes.
Es el mundo al revés, quienes debieran sentirse seguros, por respaldados, son nuestros agentes, y sin embargo quienes se sienten defendidos desde algunos ámbitos políticos son los radicales. Violentos que incluso son amparados en demasiadas ocasiones por colectivos profusamente subvencionados por el Ayuntamiento. Incluso acusados de desórdenes públicos han sido defendidos en las instancias judiciales por quienes después han ocupado escaños y cargos públicos.
Son los mossos quienes están desamparados por responsables públicos acomplejados o que supeditan el cumplimiento de su obligación de actuar contra los violentos a no provocar animadversión en la CUP. Una formación esta que se dice anticapitalista, o sea de extrema izquierda, y que si votara en contra de quienes hoy gobiernan la Generalitat imposibilitaría que continuasen en ella forzando la repetición de las elecciones.
La violencia nunca tiene justificación y estas protestas callejeras tampoco. Antes fue Can Vies, el procés o la huelga general, ahora es alguien que se hace llamar Pablo Hasél. Cualquier pretexto sirve para arrasar a pedradas y fuego comercios, bienes privados y públicos, mobiliario urbano o terrazas de bares y restaurantes. La alcaldesa Ada Colau, y no solo ella, que ya se apresuró a pedir el indulto del rapero, lo que debe hacer es que el Ayuntamiento se constituya como acusación en el juzgado contra los violentos y explicar la verdad.
Este individuo no ingresa en prisión por lo dicho sino por lo hecho. No ha entrado en la cárcel por unas canciones o tuits sino por sus reiteradas acciones delictivas condenadas en poco tiempo: amenazas, insultos, agresión a un periodista de TV3 o a un testigo judicial, enaltecer el terrorismo, etcétera. La libertad de expresión no es un inexistente derecho a ofender o a delinquir.
No busquemos justificación en las protestas ni tampoco seamos tibios en actuar contra la violencia. Su reiteración, la mayor virulencia de sus disturbios, su cada vez mejor organización en grupos y con medios para provocar altercados, obligan a responder con determinación y sin demoras.
El principio de autoridad por ser democrático debe ser aplicado con firmeza y poner fin a la impunidad de quienes destrozan, saquean e incendian la ciudad con condenas ejemplares es imprescindible. La pedagogía de todos y de los medios de comunicación para desmentir las patrañas de los alborotadores entre quienes de buena fe pudieran creérselas es esencial. Y el respaldo y que se sientan respaldados todos los agentes y su función policial es capital para nuestra convivencia. Más que nunca, ellos somos nosotros y nosotros estamos con ellos.
Los mossos están desamparados por
responsables públicos que no quieren molestar
a la CUP