La cúpula de los jueces censura la ley del ‘solo sí es sí’ en vísperas del 8-M
El informe del CGPJ es un varapalo para Igualdad, aunque no es vinculante
Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto progresistas como conservadores, se pusieron ayer de acuerdo para votar por unanimidad el informe sobre la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En lo que pudo ser uno de los últimos plenos de este Consejo presidido por Carlos Lesmes, todos sus miembros dieron por válido sacar adelante el texto que pone en duda el concepto de consentimiento sexual que fija el anteproyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí.
El informe fue elaborado por tres vocales, Roser Bach, Juan Manuel
Fernández y Pilar Sepúlveda, y sometido posteriormente al Pleno. Una vez aprobado se remite al Ministerio aunque no es preceptivo sino meramente consultivo.
El texto advierte que, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto. Considera que la inclusión del consentimiento expreso en la ley de Libertad Sexual puede suponer una “inversión de la carga de la prueba”. Es decir, que no se respete la presunción de inocencia del acusado.
Por eso, una vez que ya está recogido en el Código Penal, el documento expone que incluir este consentimiento expreso en la ley es “innecesario”. Lo que propone Igualdad en el anteproyecto es que “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.
Respecto al consentimiento, el texto añade que la incorporación de una definición sobre tal concepto no logrará evitar la victimización secundaria, pues hará girar los inte
ADVERTENCIA El CGPJ explica que es “innecesario” recoger el consentimiento expreso en la ley
rrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las “circunstancias concurrentes”.
También afirma que la definición contiene elementos contradictorios al admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa.
Para eliminar esa contradicción propone que el precepto se refiera a la voluntad a secas –como ya hace el Código Penal–, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.
El Consejo también advierte a Igualdad de los problemas que puede conllevar la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. A su juicio, puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor.
La ley del Gobierno unifica los dos criterios al entender que sea considerada abuso una violación cuando no se logra probar la existencia de violencia o intimidación. Un ejemplo de ello es la sentencia de La Manada de Manresa, donde la víctima estaba inconsciente.
“Para evitarlo sería necesario prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior”. Pero también se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad.
Otro de los puntos que alerta el informe sobre la norma de Montero es la especialización tanto de órganos judiciales como de sus titulares en materia de violencias sexuales. El texto no la considera justificada al entender que las razones que sustentan la especialización jurisdiccional se disipan en una materia como esta, que dada su transversalidad se proyecta sobre distintos ámbitos normativos y esferas de actuación jurisdiccional diferentes.
Por otro lado, el informe cuestiona que el texto remitido por el Gobierno tenga el carácter de ley orgánica “parcial”, atribuyendo rango orgánico a su título preliminar y a siete disposiciones finales, por las que se modifican ciertos preceptos de distintas leyes afectadas por el carácter integral y transversal de la ley proyectada.
Respecto del título preliminar, señala que ni la regulación del objeto y finalidad de la ley ni su ámbito de aplicación constituyen per se materia competencia de ley orgánica; y tampoco son propios de su ámbito competencial los principios rectores que animan e inspiran la regulación proyectada.