Colau pagará para evitar que se reocupe una finca municipal
El gobierno de Colau licita un plan de vigilancia para que los ocupas no regresen al histórico y ruinoso recinto del Poblenou
Una joven dice que el Ayuntamiento la abandonó, que las ayudas que le ofrece para encontrar otro lugar donde vivir son un paño caliente, que nadie quiere alquilarle nada. “Con 900 euros de nómina no hay modo –prosigue–... Por eso mismo me tuve que venir aquí hace cuatro años. Compré la llave de este piso a una gente que entonces controlaba todo esto por 1.400 euros. No tuve otra alternativa. Y, ahora, los que nos quedamos no nos vamos porque no podemos irnos, porque no tenemos a dónde ir. Lo que pasa es que todo esto está muy mal, desde que empezaron las obras del solar de al lado ¡todo vibra constantemente! todo se agrieta”.
A su vera, en el destartalado rellano, el chatarrero rumano de 64 años Vlasceanu Marian asiente una y otra vez. Estamos en el histórico y ruinoso recinto de La Escocesa, en el 345 de la calle Pere IV, en el Poblenou. “No –responde Marian–, a mí mi piso me lo pasó un amigo que se marchaba y me dijo que me lo quedara, hace ya tres años, porque yo estoy enfermo del corazón y no puedo trabajar, vivo de lo que encuentro en los contenedores de basura, si me echan de aquí y no me dan otro piso acabaré durmiendo en la calle. Que me dejen vivir en otro sitio unos pocos meses no me sirve de nada, no me supone ninguna ayuda”.
“Mucha gente que se marchó dice que en cuanto se les acaben las ayudas regresarán –tercia la joven– que derruirán los muros y volverán a ocupar estas viviendas. A nosotros nadie nos quiere alquilar nada”.
La Escocesa se le está indigestando al gobierno de la alcaldesa Ada Colau. En estos momentos el Ayuntamiento está licitando un servicio de vigilancia especial para evitar la reocupación de su propiedad. Un vigilante inspeccionará el lugar, que tiene un montón de recovecos y de pasadizos que comunican sus espacios, a primera hora de la mañana y también a última de la tarde. Así el Ayuntamiento podrá prevenir cualquier usurpación. Al menos durante este año el Consistorio se gastará en este servicio más de 110 euros al día, unos 37.000 euros en total.
En el 2017 el ejecutivo sociocomún mandó comprar este lugar por diez millones de euros a fin de combatir la gentrificación del barrio, aumentar el parque público de viviendas y frenar la construcción de un centenar de apartamentos de lujo. Una pequeña parte quedó en manos de la Sareb. Entonces la mayoría de estas viviendas ya estaban ocupadas.
Cuatro años después La Escocesa se encuentra en el purgatorio de los inmuebles. El Ayuntamiento siempre se planteó su rehabilitación como un proyecto a largo plazo. Antes de la pandemia la previsión más optimista la fechaba en el 2028. Aquellos planes, como tantos otros, están ahora en el aire... Y con el paso del tiempo la degradación de La Escocesa se aceleró.
En estos momentos, el principal objetivo del Consistorio es recuperar el control de su propiedad, y que luego no se le vaya de nuevo de las manos. A finales de año comunicó a todos los ocupas de su propiedad que tenían que marcharse cuanto antes, que el lugar ya no era seguro.
Balcones apuntalados, bajantes desguazados, escaleras que tiemblan al paso. Muchos señalan como responsables las obras de un gran complejo de oficinas en el solar de al lado. Las pancartas descoloridas de la fachada de La Escocesa aún dicen que 51 adultos, 12 niños y 30 animales pasarán las Navidades bajo la amenaza de desalojo.
Fuentes municipales detallan que desde entonces los servicios municipales trabajan de un modo intenso en encontrar una solución para todos los afectados, estudiando caso por caso.
“Hasta ahora fueron realojadas en apartamentos las ocho familias con niños que vivían en La Escocesa –siguen las fuentes del Ayuntamiento–. Son 17 adultos y 13 menores. Además, buscamos acomodo a otros nueve adultos. Los servicios municipales están realizando este trabajo con todas las familias, independientemente de si provienen de una vivienda de propiedad municipal o de la Sareb. Quedan ocho adultos que no aceptaron el acompañamiento de los servicios sociales ni abandonar del inmueble. El Ayuntamiento mantendrá su ofrecimiento hasta el último momento”.
El Ayuntamiento está desalojando la finca que compró por diez millones para frenar una promoción de lujo