El juez Llarena plantea acudir al TJUE para traer a Puigdemont
El instructor pretende que la justicia europea fije los criterios de las euroórdenes
El instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, pretende adelantarse a la decisión de la justicia belga sobre la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Una vez que parece que el Parlamento Europeo está dispuesto a levantar la inmunidad del expresident para que sea juzgado, el siguiente paso es que un tribunal de Bélgica, país donde reside, decida sobre su entrega a España para enfrentarse al juicio que tiene pendiente en el Supremo por un delito de sedición en concurso con otro de malversación de caudales públicos.
Tanto el Supremo como la Fiscalía han dejado patente tanto en escritos como en resoluciones su crítica a la actuación de las justicias belga o alemana al negarse a entregar a los líderes independentistas que salieron de España. Recientemente, un tribunal belga rechazó entregar al exconseller Lluís Puig alegando que el Tribunal Supremo español no es el órgano competente para enjuiciarlo.
Ante el temor de que ocurra lo mismo con Puigdemont, el juez que instruye la causa del procés se ha adelantado y cree que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe fijar los criterios de entrega entre países.
El primer paso que ha dado es conceder tres días de plazo al fiscal, a las demás partes acusadoras y a los abogados de los procesados que se encuentran en situación de rebeldía, es decir, Puigdemont, Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí, para que formulen alegaciones sobre la necesidad de dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial acerca del alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una orden de detención y entrega europea.
La finalidad es poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes europeas de detención contra todos o algunos de los procesados en la causa del procés.
El magistrado pide también a las partes que informen sobre el contenido de la cuestión o cuestiones que habrían de formularse. En una providencia, Llarena explica que la autoridad judicial de ejecución belga le comunicó oficialmente el 1 de febrero del 2021 su decisión, de carácter firme, de denegar la entrega del exconseller Puig.
En ese marco, considera que la interpretación del derecho de la Unión y de las normas establecidas en la decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga “discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo”.
Llarena considera que la interpretación definitiva de la norma “no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos
El magistrado explica que las pautas de la justicia belga “discrepan” de las del Tribunal Supremo
en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro”.
El juez recuerda que en esta causa, en las piezas de situación personal de los procesados Puig, Puigdemont, Comín y Ponsatí, se han emitido sendas órdenes de detención europeas, sujetas a la normativa europea.
Precisamente, ayer el Parlamento Europeo rectificó el informe de la comisión de Asuntos Jurídicos sobre la eurodiputada Ponsatí, por recoger un delito por el que no se le acusa: el de malversación.