El TS anula un desahucio en una vivienda pública vendida a un fondo
El Supremo sentencia que la empresa no puede hacerlo al abortarse la venta
El Tribunal Supremo ha rechazado que el fondo Encasa Cibeles, que en el 2013 adquirió 3.000 viviendas protegidas al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), pueda desahuciar a inquilinos, ya que la justicia anuló en el 2019 la polémica venta y por lo tanto “carece de la condición de propietario y arrendador”. Es el primer desahucio que se deniega tras la anulación de la operación.
El litigio se remonta al 2016, cuando Encasa comunicó a la arrendataria que el contrato finalizaría en el 2017. La inquilina contestó alegando “no reconocer la propiedad de la requirente” y que la venta estaba investigándose en un juzgado de instrucción. Además, afirmaba que el plazo de arrendamiento no había expirado. Ante esto, Encasa Cibeles la denunció en el 2017, pero tanto el Juzgado como la Audiencia desestimaron por razones de fondo la demanda, en la que pedía el desahucio y la imposición de costas a la demandada “en razón a la temeridad y mala fe con que actúa”.
También se le desestimaron los recursos. Finalmente, en julio del 2020 se admitió en el Supremo un recurso de casación por el caso. En esa fase, ya con una sentencia que anulaba la venta, la demandada aportó documentos en los que “resultaba la firmeza de las resoluciones que, en vía contencioso-administrativa, habían declarado la nulidad de la operación”. En su decisión, la Sala de lo Civil del Supremo ha tenido en cuenta la firmeza de estos pronunciamientos, donde se recogía que para un arrendatario de una vivienda protegida “no le es indiferente quién sea el arrendador, dadas las consecuencias negativas derivadas de la desaparición de los beneficios y fines sociales inherentes”, como los de IVIMA. Así, la sentencia concluye que “se ha producido una falta sobrevenida de acción por nulidad del título en que se fundaba dicha acción”. Es decir, no puede desahuciar, algo que podría hacer un propietario, ya que a efectos judiciales no lo es. Por eso, rechaza el recurso de casación e impide el desahucio ya que lo interpuso alguien que “carece de la condición de propietario y arrendador”.
El pasado 1 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 29 de Madrid ya apuntó que la nulidad de la venta afecta a todas las viviendas –2.935 en 32 promociones– y no a la del vecino que acudió a los tribunales y desencadenó la decisión en su día. Y el juez sentenció que hasta que los pisos no pasen a la gestión de la Agencia Social de la Vivienda, de vuelta a manos públicas en cumplimiento de las resoluciones judiciales, Encasa “se abstenga de iniciar o seguir frente a los inquilinos de dichos inmuebles cualquier procedimiento de desahucio o cualquier otro tipo de procedimiento iniciado con la misma finalidad o a instar el lanzamiento de cualquiera de los inquilinos”.