El supremacismo ideológico
El análisis de la semana política deja tres conceptos que son todo un diagnóstico: partidismo, soberbia ideológica, desprecio de opiniones adversas. Es lo que se ha visto en los episodios más notables de los últimos días: los pactos e intentos de pactos, la todavía nonata ley de Garantía de la Libertad Sexual y las reacciones ante el dictamen del Consejo del Poder Judicial. Los tres han puesto de relieve las dificultades para lograr una cierta normalidad en la relación política.
El partidismo, enfermedad clásica y quizá inevitable de todas las democracias, alcanza su máximo nivel cuando se buscan acuerdos. Lo hemos visto en la composición del consejo de administración de RTVE, vacante desde hace dos años. Se hizo un concurso de méritos. Se supone que concurrieron los mejores profesionales. Sin embargo, al pactar no se tuvo en cuenta la valoración de los expertos, sino los intereses del PSOE, el PP y Unidas Podemos. En vez de un consejo técnico, salió un consejo político que funcionará como el del Poder Judicial: como eco de las fuerzas designadoras. Eso pasa por haber entregado a los partidos demasiadas funciones. Todo pasa por su criba y eso es malo para el país.
La ideología se convierte así en condicionante de decisiones profesionales. Además, es excluyente: resultó patético escuchar cómo el vicepresidente segundo del Gobierno anunciaba que los acuerdos serán negociados con quienes forman el bloque de investidura, con exclusión expresa de todos los demás. De esta forma se deterioran las instituciones y su crédito. Es difícil creer en su neutralidad y en la objetividad de sus decisiones, si nacen marcadas por la soberbia, que bien podría llamarse supremacismo ideológico: todo lo que no coincida con la línea gubernamental no es digno de tener en cuenta. No creo que así se corresponda desde el poder con el pluralismo de la sociedad. En el fondo, es un comportamiento sectario y autoritario.
Se vio en la respuesta al dictamen del Poder Judicial sobre la ley conocida como del solo sí es sí, que hace un año provocó el primer enfrentamiento Carmen Calvo-irene Montero. Es un dictamen duro, ciertamente. Pero fue suscrito por unanimidad, y no es una unanimidad cualquiera: es la de 20 vocales, magistrados de alto nivel y juristas de reconocido prestigio. Pablo Iglesias juzgó ese dictamen como fruto de “un cierto machismo”, Irene Montero aseguró que habrá ley sí o sí, y su secretaria de Estado Victoria Rosell descalificó el informe por anticuado, quizá porque en el CGPJ no están al tanto de la nueva sexualidad. Otro caso de supremacismo ideológico con el agravante de género.
Y aquí aparece otro motivo de reflexión: dado que los informes de los órganos consultivos no son vinculantes, no se atiende a ninguno, se pierde o se oculta el del Consejo del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos y se impone el Gobierno con razón jurídica o sin ella. Al final solo mandan el Gobierno y el Constitucional. Pero, como este tribunal anule o corrija una ley, ya sabe a qué se expone: será reaccionario y últimamente machista.