Brecha abierta
Nueva brecha abierta y pública entre los socios del Gobierno. Me temo que, aprobados los presupuestos y pasadas las elecciones catalanas, no va a ser la última fisura entre PSOE y Podemos. El tema ha sido el control reclamado por el partido morado del precio de los alquileres. Tal regulación ha sido objeto de debate en otros países, con la aprobación de algunas leyes y con una eficacia poco significativa respecto a su base: la accesibilidad a la vivienda. Apruebo cómo el ministro Ábalos y los socialistas se han cuadrado ante la demandada medida. La solución no es estrangular la demanda, que es lo que ocurriría. La situación de desprotección de propietarios ante un sistema judicial colapsado que tarda años en resolver cuestiones sobre impagos u okupación de alquileres llevaría a desear vender en vez de alquilar. Solo aumentará la oferta si hay más pisos en oferta de alquiler y la medida puede llevar a la reacción contraria.
Por otro lado, debería ser una prioridad construir una auténtica política pública de alquiler antes que señalar al propietario y al mercado como el eje del mal. En Estados Unidos la ley tuvo efectos contrarios haciendo discriminación sobre los inquilinos por cuestiones de renta y etnia, y en Alemania no logró frenar la escalada de precios. Hacer el titular más grande y criminalizar sobre unos no construye la verdadera política social deseada por la mayoría. Solo crea enfrentamiento sobre la base de una política caduca de opresores propietarios sobre arrendatarios.
La futura ley de Vivienda debe ofrecer garantías de éxito que, visto en otros lugares, como Berlín, provocó un desplome del alquiler del 25%. La futura ley de Vivienda debería ayudar a propietarios e inquilinos por igual y compartir la corresponsabilidad de garantizar seguridad en ambos lados.
Desde la inaugurada democracia, en España no existe una ley de Vivienda. “Si en cuarenta años no se ha hecho, para hacer una mala ley tampoco hay que correr”, palabras de Ábalos, señalado injustamente en redes por la decisión de no ceder a la presión de Unidas Podemos de limitar el precio del alquiler. No es sensato criminalizar la diferencia en plenas negociaciones para una futura ley que implica a propietarios –que también son familias españolas– e inquilinos; necesaria para obtener garantías por ambos lados. Las negociaciones no deben convertirse en imperativo o en motivo para el fuego cruzado sobre tu socio de Gobierno. Aprendamos a ser un Gobierno de coalición, construyamos un verdadero Gobierno social.
La prioridad debe ser construir una auténtica política pública de alquiler