Que los algoritmos no dominen nuestras vidas
Leo con estupor opiniones acerca de la llamada ley de riders argumentando, bajo la falsa pátina de la “modernidad”, que lo avanzado no es que sean asalariados, sino falsos autónomos para los que habría que legislar expresamente. Nada más lejos de la modernidad: las plataformas son lo más parecido a las antiguas plazas del pueblo de finales del siglo XIX y principios del XX, en las que el señorito repartía a su capricho el trabajo diario entre una legión de braceros. No existe un ejemplo más claro de cómo una innovación tecnológica, aplicada sin sustento legislativo, y sin sensibilidad social, puede convertirse en un retroceso laboral y social.
Y realizan estas afirmaciones asegurando que otros países de nuestro entorno sí son modernos y son referencia en esta materia porque los trabajadores de esas plataformas son autónomos. Falso: hace pocos días hemos conocido que el Tribunal Supremo de Reino Unido ha dicho que la relación entre Uber y sus conductores es laboral, y lo mismo ha ocurrido en Italia.
Este modelo económico nos lleva a una plataformización del empleo que supone una grave amenaza para los derechos laborales, además de un verdadero escarnio para las arcas de la Seguridad Social y Hacienda, es decir, para todos los ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos y cotizan a la Seguridad Social, mientras subvencionamos, además, el reparto de comida a domicilio gracias a la tarifa plana de autónomos.
La debacle de los falsos autónomos y los algoritmos de las plataformas digitales va más allá del reparto de comida: la limpieza, los cuidados, el diseño gráfico o la arquitectura son algunos otros de los sectores más afectados. En su modelo de negocio, estas plataformas y aplicaciones hacen todo lo que está en su poder para evitar la relación laboral y la firma de un contrato de trabajo.
Este trabajo a demanda, que ha dado a luz al término clickworkers, hace que la persona trabajadora tenga que ir encadenando micro-trabajos o pequeños encargos (en alta cantidad, por lo mal pagados que están) para subsistir: todo ello, por supuesto, sin cotización ni derecho a vacaciones, entre otros. Cambian los medios tecnológicos, pero no el debate de fondo: llevamos toda la vida plantando cara a quienes quieren dotar a la empresa de poder absoluto despojando al trabajador de sus derechos.
La ley Rider que se encuentra en desarrollo en el Ministerio de Trabajo debe ser, por tanto, el comienzo de una mayor operación legal contra esta atomización del trabajo. Desde UGT proponemos una ley de Justicia Algorítmica en las Relaciones Laborales que sea capaz de garantizar, para los y las trabajadoras, unos derechos efectivos que actualmente se encuentran en peligro. No pedimos que los algoritmos no tengan lugar en el mundo laboral, sino que la Inspección de Trabajo pueda ofrecer auditorías para todas las decisiones que afecten a los trabajadores.
Sabemos que estas empresas seguirán buscando huecos legales para que nada cambie. Ni en protección de datos, ni en negociación colectiva, ni en prevención, ni en representación legal: no daremos ni un paso atrás. Hay que blindar, definitivamente, los derechos sociales conquistados.
Las plataformas recuerdan las antiguas plazas de pueblo en las que el señorito repartía a su capricho el trabajo