El Consejo de Estado pidió más control sobre los fondos de la UE
El PP ve “demoledor” el informe previo y pide explicaciones a Calvo y Redondo
El informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley que agiliza y simplifica las gestiones administrativas para dar curso a los fondos de reconstrucción europeos (aprobado con el voto en contra del PP y la abstención de Vox) no es tan “demoledor” como lo dibujaba la oposición hace unos días –acusando al Gobierno de haberlo “arrancado del expediente”–, pero tendrá su tormenta política correspondiente, tras hacerlo público ayer el propio Consejo.
El líder del PP, Pablo Casado, pidió explicaciones al Gobierno por haberlo ocultado, y los populares –que habían pedido amparo al Constitucional después de que los letrados del Congreso informaran de que el expediente del decreto ley no tenía por qué incluir ese dictamen, al no ser vinculante– registraron la petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del jefe de Gabinete de presidencia, Iván Redondo.
¿Pero qué dice el informe del Consejo, fechado el 21 de dicie bre, para recibir el tratamiento político de material comprometedor? Pues no demasiado, al menos en términos políticos. No hay ninguna salvedad jurídica ni a la legitimidad del Gobierno para acometer la remodelación, ni a los organismos de gobernanza designados para el control de fondos –que califica de “ambiciosos” y “complejos”– ni tampoco al procedimiento urgente adoptado o su rango legal para acometer la tranformación administrativa ambicionada. El Consejo de Estado repasa el prolijo decreto y señala en varios apartados deficiencias sobre todo, alerta el texto, en cuanto a la reducción de los controles de la Intervención General del Estado, ante y post, en contratos, convenios y subvenciones. También cuestiona el acortamiento de algunos plazos para informes sobre los proyectos –en especial los informes previos de impacto ambiental– e incorpora abundantes consejos de redacción para una mayor seguridad jurídica –tendentes a eliminar ambigüedades y mejorar el anclaje y definición legales de sus apartados– que afectan a la ordenación de algunos artículos del decreto y a los títulos sus capítulos. Desde el Gobierno aseguran –aludiendo a los controles de Intervención– que “todas estas consideraciones fueron incorporadas al real decreto antes de su aprobación definitiva”.
En resumen, solicitaba del Gobierno ajustes que mejoren la seguridad jurídica de la ejecución de los fondos europeos. Pero en lo sustantivo, el Consejo de Estado reconoce la adecuación de la modalidad urgente del decreto ley escogida por el Ejecutivo para esta norma, que considera “plenamente justificado”. El órgano consultivo, cuyo informe no es vinculante, “aprecia el esfuerzo realizado por el Gobierno para articular en tan breve plazo un conjunto de medidas que tienen como principal objetivo permitir una mejor gestión y ejecución de las diferentes actuaciones financiables con fondos europeos”, y concluye que, “más allá de las concretas observaciones que puedan formularse, el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable”.
Sin embargo, estas consideraciones del Consejo de Estado no evitaron las críticas al conocerse el informe. Casado consideró que es demoledor, e insistió –en contra de lo señalado– en que el decreto permite “repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo”. El líder de los populares opinó que lo dicho por el Consejo de Estado “demuestra la discrecionalidad, falta de rigor jurídico y la ausencia de controles administrativos por parte del Gobierno”.
También desde Ciudadanos pusieron el grito en el cielo. La diputada Melisa Rodríguez habló de “chapuza” y “mangoneo”. Rodríguez dedujo de las salvedades planteadas por el Consejo de Estado en diciembre que “da el tufillo” de que habrá adjudicaciones arbitrarias y reclamó de nuevo la privatización de la supervisión de los fondos, que deberían estar, según Ciudadanos, en manos de una “agencia independiente”.
La Moncloa afirma que incorporó “todas” las recomendaciones del informe antes de llevar el decreto al Congreso