Navalni cumplirá la condena en un penal con fama de severo
Al destacado opositor ruso Alexéi Navalni le esperan dos años y medio bastante duros. Durante ese tiempo vivirá en una colonia penitenciaria de la provincia de Vladímir, fronteriza a la región de Moscú, adonde ha sido trasladado para cumplir una condena que él y su equipo han denunciado como política.
El activista anticorrupción y principal voz crítica contra el Kremlin de Vladímir Putin permaneció arrestado en un centro de prisión provisional de Moscú desde el momento en que regresó de Alemania, donde estuvo cinco meses recuperándose del intento de envenenamiento con Novichok que sufrió en Siberia en agosto. Sus abogados informaron de su traslado la semana pasada.
Las autoridades penitenciarias no han dicho dónde está, pues disponen de diez días desde su llegada a la prisión para comunicar esa información a sus familiares. Sin embargo, activistas proderechos humanos y la Comisión de vigilancia de los derechos de los presos han dicho a los medios rusos que se encuentra en la Colonia Penitenciaria número 2, conocida como IK-2, en Pokrov, a cien kilómetros al este de la capital.
Las colonias penales, herencia del gulag soviético, tienen muy mala reputación por sus condiciones de vida y las denuncias de malos tratos y torturas.
Navalni no será enviado a las prisiones más duras del país, las del Ártico y Siberia. Pero el activista Ruslán Vajápov, que confirmó su llegada a Pokrov, ha dicho que este centro es “de los duros”, aunque esté catalogado como cárcel de régimen común. “Es una prisión extremadamente estricta. Controlan todos tus pasos, todos tus pensamientos”, ha dicho Konstantín Kótov, un activista que pasó por ese penal tras las manifestaciones del 2019 contra el Kremlin.
Por otra parte, expertas de las Naciones Unidas pidieron ayer una investigación internacional sobre el envenenamiento con Novichok de Navalni.
Dos relatoras de la ONU piden una investigación internacional sobre el envenenamiento
“Dada la inadecuada respuesta de las autoridades, la utilización de armas químicas prohibidas y la aparente pauta de asesinatos selectivos, pensamos que se debe poner en marcha con urgencia una investigación internacional”, declararon desde Ginebra Agnès Callamard, relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, e Irene Khan, relatora especial para la promoción y la protección de la libertad de expresión. Y señalaron “la muy probable implicación de representantes del Gobierno, probablemente a un alto nivel”.