Los militares intensifican la presión judicial sobre Suu Kyi en Birmania
Los cargos no son serios pero inhabilitarán a la política, en arresto domiciliario
A la birmana Aung San Suu Kyi se le siguen acumulando turbias causas judiciales. Ayer, los mismos generales golpistas que hace un mes le arrebataron el poder por la fuerza le imputaron dos nuevos delitos. En total ya son cuatro acusaciones que amenazan con acabar de una vez para siempre con la carrera de la Nobel de la Paz, el objetivo nada disimulado de unos militares que quieren desterrar de la arena política a la figura que cuenta con el mayor respaldo popular.
Cuando justamente se cumplían cuatro semanas de la asonada, Suu Kyi, de 75 años, apareció brevemente por videoconferencia en el proceso abierto contra ella y otros representantes de su formación política. Su letrado, Min Min Soe, señaló que La Dama parecía
Muere de un disparo de la policía un joven ingeniero que denunció en Facebook el uso de la fuerza
tener “buena salud”, aunque la vio algo más delgada, y que solicitó poder reunirse con su equipo legal. Desde que se materializó el golpe, tanto ella como su aliado el presidente Wyn Myint han permanecido bajo arresto domiciliario y sin poder ver a sus abogados.
Tras ser imputada en las semanas previas de importar de manera ilegal seis walkie-talkies y violar las medidas de seguridad impuestas para luchar contra el coronarivus, ayer el tribunal anunció dos nuevos cargos. Para el primero, recurrieron a una mohosa ley de la época colonial, que prohíbe publicar información que pueda “causar miedo o alarma” o “alterar la tranquilidad pública”. El segundo es una vulneración de la ley de Telecomunicaciones, al parecer por el uso de los citados radiotransmisores sin la licencia requerida.
Aunque a primera vista no parecen demasiado serios, los cargos amenazan con enviarla una temporada a prisión e inhabilitarla para las próximas elecciones, que la junta militar prometió celebrar en un año. La próxima vista judicial está fijada para el 15 de marzo.
La reaparición de Aung San Suu Kyi tuvo lugar horas después de que las autoridades reprimieran con gran violencia las marchas del domingo, en las que policía y ejército mataron a 18 personas e hirieron a otras 30. Aun así, cientos de descontentos no se amilanaron y volvieron a salir a las calles de Rangún, Mandalay o Dawei para protestar, lo que derivó en nuevos enfrentamientos en los que primó el lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras. “El derramamiento de sangre ha hecho que nuestra resistencia sea más fuerte, decidida y unida que nunca”, aseguró la joven activista Thinzar Shunlei Yi.
Desde el exterior se redoblaron las condenas a la violenta represión de las autoridades y los llamamientos a respetar los deseos de la población y regresar a la senda democrática. Sin embargo, manifestantes y activistas de diverso pelaje consideran que las declaraciones de condena ya no son suficientes, y piden a la comunidad internacional que tome medidas reales para que el ejército birmano tenga que rendir cuentas.
Muchos hacen referencia a Nyi Nyi Aung Htet Naing, un ingeniero que el domingo murió abatido por un disparo de la policía en Rangún. El día anterior, el joven había denunciado en Facebook el creciente uso de la fuerza por parte de las autoridades, y se preguntaba: “¿Cuántos muertos necesita la ONU para actuar?”. Haciéndose eco de sus palabras, el relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, dijo ayer en Twitter que “las palabras de condena son bienvenidas pero insuficientes. Debemos actuar”.
Para dar con alguna solución negociada, está previsto que hoy se celebre una reunión telemática de los ministros de Exteriores de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (Asean). El bloque, de diez miembros, opera bajo el principio de no injerencia en asuntos internos, aunque aspira a jugar “un papel constructivo que facilite un retorno a la normalidad y la estabilidad en Birmania”.