Generalitat y Ayuntamiento se conjuran contra la violencia callejera
Sàmper y Colau exhiben “unidad institucional” para hacer frente a los vándalos
Tras dos semanas de desencuentros, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona exhibieron ayer “unidad institucional” en su condena de los disturbios que han tenido lugar al final de las manifestaciones en defensa de la libertad de expresión desde que el rapero Pablo Hasél fue encarcelado y que alcanzaron el sábado pasado un punto crítico con la quema de un furgón de la Guardia Urbana en cuyo interior permanecía un agente.
Los dos lados de la plaza Sant Jaume dejaron de darse la espalda y se acercaron al fin en una reunión, convocada de urgencia en la Conselleria d’interior a raíz de los graves altercados del fin de semana, entre el vicepresident en funciones, Pere Aragonès, y los consellers de Interior, Miquel Sàmper, y de Presidència, Meritxell Budó, por parte del Govern, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, por parte del Ayuntamiento.
El encuentro –al que también asistieron mandos de los Mossos, el director Pere Ferrer, el mayor Josep Lluís Trapero y Carles Anfruns, y de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez– sirvió para que tanto el conseller Sàmper como la alcaldesa Colau, tal como explicaron en la rueda de prensa posterior, trazaran una línea nítida entre el derecho de manifestación y la violencia: “Hay que separar los derechos fundamentales de lo que son los actos violentos”, dijo Sàmper, que insistió en que “no tiene nada que ver una cosa con la otra”.
Colau se reafirmó en su “condena firme” de los disturbios. “La violencia nunca es el camino y menos todavía cuando se pone en riesgo la vida de las personas”, señaló la alcaldesa, que pidió a la ciudadanía que rechace “actos que no están justificados” y que añaden más “alarma y angustia” a la que ya conlleva la actual crisis sanitaria y económica.
Tanto Sàmper como Colau expresaron su “rechazo de la violencia” y reafirmaron su voluntad de profundizar en la “unidad institucional” y, en este sentido, la alcaldesa de Barcelona agradeció a las fuerzas de seguridad su labor y ensalzó la “muy buena coordinación” entre la Guardia Urbana y los Mossos d’esquadra, que se puso de manifiesto, según recordó, en el incendio “intencionado” del furgón, que “por suerte no causó daños” personales gracias a la rápida reacción policial.
Sàmper reconoció que la situación que se ha desencadenado a raíz de las protestas es de una “complejidad inaudita” porque la capacidad de movilización de los violentos es creciente y anunció que Interior ha puesto a disposición de la Guardia Urbana las indicaciones del estudio que están llevando a cabo los Mossos para proteger sus comisarías tras el violento ataque que sufrió la de Vic el 16 de febrero, en el que once policías resultaron heridos. “Lo que no puede ser es que los que preservan la seguridad de un país no estén seguros”, dijo el conseller de Interior.
En cuanto a las exigencias de la CUP en las negociaciones para formar gobierno tras las últimas elecciones, como la moratoria del uso de proyectiles de foam y que la Generalitat deje de acusar por atentado a la autoridad a los detenidos en disturbios, Sàmper insistió en que el debate sobre el modelo de orden público debe llevarse al Parlament y no hacerse “a golpe de tuit”.
“El foam y el gas pimienta, hoy por hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament”, dijo el conseller, que apuntó que los autores de los disturbios proceden de “grupos numerosos y heterogéneos”, entre los que situó a anarquistas italianos: de los catorce detenidos el fin de semana, siete están relacionados con el movimiento anarquista y cinco de ellos son italianos, uno francés y otro catalán.
Los partidos del Govern secundaron al conseller, mientras que los de la oposición cuestionaron su gestión. Así, Elsa Artadi, portavoz de Junts, manifestó su “condena rotunda y absoluta a la violencia y el vandalismo que han padecido los comerciantes y ho
Colau insiste en que “la violencia nunca es el camino y menos poner en riesgo a las personas”
Sàmper rebate las críticas a los Mossos y pide que se debata en el Parlament, no en Twitter
teleros” y señaló que ataques como el que sufrió el vehículo de la Guardia Urbana son “inaceptables”, y Marta Vilalta, de ERC, después de hacer una defensa de “todos los derechos”, denunció los “abusos”, tanto en “el ámbito de la protesta” –los “saqueos y las acciones de fuerza y violencia”– como en el “ámbito de las actuaciones de orden público”.
El PSC, por su parte, criticó la “abdicación” del Govern a la hora de defender a los Mossos, que considera “inadmisible”, y subrayó que en este sentido que “no debe haber fisura alguna”.
“El cuerpo está decepcionado, indignado y muy preocupado” por las “declaraciones tibias del Govern”, dijo Eva Granados, haciéndose eco de las quejas recibidas por parte de los representantes de los Mossos con los que los socialistas se han reunido en los últimos días. “Se ha puesto en cuestión su actuación y la policía debe salir del foco de la polémica”, añadió la portavoz, que acusó a ERC y Junts de ser “reos” de la CUP, “un partido que no condena la violencia” y cuyas propuestas están “fuera de lugar”.
El líder de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, exigió un “comunicado rotundo” del Govern que condene “sin ambages” la violencia y que el Departament d’interior actúe para “poner coto” a los incidentes callejeros y asimismo reclamó a la alcaldesa Colau que el Ayuntamiento “se persone” –en la línea del Sindicat de Policies de Catalunya, que se ha querellado por tentativa de homicidio– como acusación popular en defensa de la Guardia Urbana después del incendio del furgón policial.
Los comunes también condenaron de forma clara y rotunda la violencia y los altercados del fin de semana, pero Joan Mena, su portavoz, destacó que más allá de revisar el modelo de seguridad en el Parlament y someterlo a debate, tal como pide la CUP, también conviene “hablar del fondo de la cuestión de las movilizaciones” e indagar en el malestar ciudadano que ha prendido esa mecha con el pretexto del ingreso en prisión de Pablo Hasél, al que se han añadido otras reclamaciones.
Por su parte, el PP condenó el “terrorismo callejero” que, según el presidente del partido en Barcelona, Óscar Ramírez, se está produciendo en Catalunya y reclamó al ministro de Interior, Fernando Grande-marlaska, que convoque la junta de seguridad de Catalunya, al considerar “inadmisible” la “inacción” que, a su juicio, están evidenciando tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona.