La Fiscalía se querella contra Torrent por desobediencia
El independentismo denuncia una “macrocausa”
La Fiscalía Superior de Catalunya presentó ayer una querella contra el presidente del Parlament durante la pasada legislatura, Roger Torrent, y el resto de miembros independentistas de la Mesa por un presunto delito de desobediencia, por haber permitido la tramitación de dos mociones vinculadas al procés sobre las que pesaban advertencias del Tribunal Constitucional.
El ministerio público, en un escrito de ocho páginas, pide a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que cite como investigados a Roger Torrent y a otros tres diputados del órgano rector de la Cámara de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana –el vicepresidente primero, Josep Costa, y los secretarios Eusebi Campdepadrós, de Jxcat, y la republicana Adriana Delgado, que dejó el cargo en noviembre del 2019–.
En concreto, la querella se interpuso por dos resoluciones de octubre del 2019 que defendían el ejercicio del derecho de autodeterminación y una reprobación a la monarquía a pesar de los avisos de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament, Xavier Muro, y a sabiendas de que el Alto Tribunal
se lo había prohibido y notificado a título personal.
Torrent, desde Sarrià de Ter, su localidad, apuntó ayer que se limitaron a garantizar que desde la Cámara catalana se “pueda hablar de todo”. “Y así debe continuar siendo”, añadió el dirigente republicano, que opinó que la Fiscalía “persiste en el error” de “intentar perseguir la voz libre y el debate” en sede parlamentaria.
Desde ERC enmarcaron esa querella y los recursos contra el tercer grado otorgado por la Generalitat a los líderes del 1-O en la misma “macrocausa” contra el independentismo, pero aseguraron que eso no les hará cambiar el rumbo. “En vez de desanimarnos nos reafirma más que nunca en la vía de la negociación política”, apuntó la portavoz republicana, Marta Vilalta, durante una rueda de prensa telemática en la que tachó la querella de los fiscales de “actuación unilateral” de las “cloacas del Estado”.
Asimismo, Vilalta espetó al Gobierno central, al PSOE, que “más que palabras” se necesitan “hechos en la desjudicialización y en el compromiso de resolver el conflicto político y de retomar la negociación”. “Que asuman su parte de responsabilidad desde la otra parte de la mesa”, añadió.
Por parte de Junts, su vicepresidenta y portavoz, Elsa Artadi, propuso un frente común “antirrepresivo” en defensa de la soberanía del Parlament y admitió que es en la Cámara donde ha “costado más” articular una estrategia unitaria independentista. De hecho, muchos rifirrafes y tensiones de los dos socios del Govern de la pasada legislatura tuvieron el hemiciclo como escenario principal. No en vano los posconvergentes sacaron ayer a colación la no investidura de Carles Puigdemont o la retirada del acta de diputado a Quim Torra.
Costa, a su vez, aseguró que ha incluido esta última querella de la Fiscalía en la denuncia que presentó junto a Campdepadrós en enero del año pasado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por las prohibiciones del Constitucional sobre las resoluciones que reprueban a la monarquía.
ERC pide al Gobierno central “hechos en la desjudicialización y en el compromiso de resolver el conflicto”