Alejarse de los radicalismos
Al manifiesto de más de 150 asociaciones de empresas, divulgado el domingo, en el que se exigía el fin de los altercados en Barcelona y otras ciudades, se sumó ayer una nota del Cercle d’economia. En ella, además de condenar la violencia que incendia las noches desde hace dos semanas, se criticaba a “los partidos que por acción u omisión han legitimado el vandalismo”. Y, a la vez, se reclamaba que el futuro Govern sea “pragmático, profesional y con consejeros de prestigio” y, asimismo, que “se aleje de radicalismos”.
Estas peticiones llegan en plenas negociaciones entre los partidos independentistas, previas a la formación del Govern. Unas negociaciones en las que ERC y Junts parecen avanzar trabajosamente hacia la reedición de su Ejecutivo de la anterior legislatura. Y que de continuo parecen condicionadas por los antisistema de la CUP, cuya abstención parece indispensable a ERC y Junts para alumbrar su coalición. Tan indispensable les parece que no dudan en sopesar peticiones de la CUP como la aceptación de una moratoria en el uso de las balas de foam, la retirada de la Brimo (antidisturbios de los Mossos) de los desahucios y la retirada de la Generalitat en las causas contra sus activistas.
Ayer circularon informaciones contradictorias sobre los supuestos progresos de estas peticiones, que obligaron al conseller de Interior, Miquel Sàmper, a recordar que los posibles cambios en los protocolos de actuación de los Mossos deben ser aprobados en sesión parlamentaria, no en una mesa de partidos aspirantes a integrar o facilitar el gobierno, y también que la presencia de la Brimo en los desahucios no obedece a la iniciativa de los Mossos, sino al requerimiento judicial.
La petición del Cercle d’economia para que el futuro Govern se aleje de radicalismos puede interpretarse como una invitación a apartarse de la CUP, ya que no es probable que ERC y Junts busquen complicidades en el extremo del arco político ocupado por Vox. Creemos que esta es una petición atinada. En primer lugar, porque un partido como la CUP, que se ha negado a condenar la violencia contra funcionarios del Govern, no debería estar en las negociaciones para su formación. Y, en segundo, porque su representatividad social no se corresponde con el eco que se da a sus reivindicaciones: el 14-F tuvieron el 6,7% del voto, y con eso se creen facultados para imponer condiciones a ERC y Junts, que suman el 41,3%, acaso envalentonados por sus éxitos del pasado: echar a Artur Mas o impedir que Jordi Turull presidiera la Generalitat.
La CUP no es un compañero fiable para los partidos que conservan algún aprecio por el orden democrático vigente. Nadie duda de su independentismo. Ni del de ERC o Junts. Pero su ideal de sociedad difiere del de estos dos partidos, que con más ligereza que responsabilidad le hacen concesiones.
La petición del Cercle d’economia al futuro Govern sugiere que la CUP merece menos concesiones