Rato, a un paso del banquillo por blanqueo
El juez concluye la investigación sobre su patrimonio
El juez que investiga las finanzas del expresidente de Bankia y exministro de Economía Rodrigo Rato dio ayer por concluida la investigación como paso previo para la vista oral por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y elusión fiscal. En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid da por zanjada la investigación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y procede contra Rato y otras seis personas más, entre ellas su exsecretaria, por manipular contratos de publicidad desde Bankia para adjudicarlos a una empresa que a su vez le transferiría parte del dinero al extranjero, actuando, según el auto, como una especie de testaferros.
Según recoge el juez, durante el periodo de Rato en Bankia fue ejerciendo la presidencia de la entidad de manera ejecutiva, apoyándose para ello en su secretaria Teresa Arellanos, “la cual fue acumulando funciones, pasando a ser directora de coordinación de la presidencia”. Bajo los “auspicios” de Rato, “fueron vaciando de contenido la dirección de comunicación y marca hasta provocar la marcha de la directora hasta llevar a su despido, asumiendo sus funciones Arellano”.
El instructor considera que ha quedado “indiciariamente acreditado” que durante los ejercicios fiscales del 2011 y el 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith Media, a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros “con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones” controlada por Alberto Portuondo y, esta, a su vez transfirió a la sociedad Kradonara 2001, controlada por Rodrigo Rato, la cantidad de 835.024,64 euros.
El auto explica cómo Rato, con una persona de su confianza como su excuñado Santiago Alarcó, montó un entramado empresarial en el extranjero para “alejar los fondos que ingresan en España de su origen, con el objeto de ocultar su persona de las sociedades que acaparan los fondos, iniciando su actividad en el año 2006 y continuando dicha operativa hasta el año 2014”. Los investigadores calculan que se habría introducido de esta manera en España sumas de dinero cuantificadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que ascienden a 7.827.580 euros.
“Este dinero tiene procedencia en parte desconocida y en parte procede de dos sociedades constituidas en Panamá, Red Rose Finantial y Westcastele Corporation, tituladas por testaferros y sin actividad social conocida, pero reconocidas por el investigado Rato ante la hacienda pública con ocasión de las regularizaciones del año 2012”. Actualmente, Rato se encuentra en libertad condicional después de haber obtenido un tercer grado por la condena por las llamadas tarjetas black de Caja Madrid de cuatro años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida por el que le condenó la Audiencia Nacional
La Guardia Civil calcula que habría introducido en España hasta ocho millones de euros