El Congreso aprueba las ayudas a las empresas con críticas a su baja cuantía
El Gobierno, abierto a que peluquerías y centros de estética puedan acogerse
El Congreso dio ayer luz verde al decreto de ayudas a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus, que incluye 7.000 millones de aportaciones directas, con fuertes críticas de la oposición. La mayoría se centraron en el escaso volumen de recursos destinados en relación con la situación de las empresas.
El Congreso convalidó ayer el decreto ley de apoyo a las empresas afectadas por la crisis de la covid, dotado con un fondo de 11.000 millones de euros (7.000 millones en ayudas directas), aunque con fuertes criticas por parte de la oposición.
En sus intervenciones, la mayor parte de los grupos parlamentarios reprocharon al Gobierno que las ayudas llegan tarde, son insuficientes y dejan fuera a sectores –como las peluquerías, los centros de estética, las autoescuelas, los centros de formación reglada o comercios de diferentes sectores, entre otros muchos– que también han visto caer sus ventas por las restricciones por la pandemia.
El Gobierno abrió la puerta a que se dé entrada, en la tramitación legislativa y mediante enmiendas, a sectores empresariales que quedaron fuera.
En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó que la elección de los 95 sectores que están en el decreto se hizo tras un análisis exhaustivo con datos a cierre de febrero, pero que el Gobierno admite que “la realidad es muy dinámica” y será “sensible a las necesidades de las empresas”.
De igual forma, la responsable económica del Gobierno defendió que la batería de medidas aprobadas para ayudar a las empresas, incluido el sistema de protección al empleo de los ERTE, “estarán disponibles en el 2021 y se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo”. Además del sistema de protección al empleo de los ERTE para cubrir salarios y cotizaciones, Calviñó citó la línea de avales públicos del ICO, con su ampliación de plazos de carencia y devolución, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sin intereses y la moratoria para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios.
Con dicho argumentario, Calviño dejó claro que se seguirá apoyando a empresas y familias para salir de la crisis provocada por la covid.
El decreto ley está en vigor desde el pasado 13 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tras su aprobación debía ser sometido a votación en el Congreso para su convalidación o, en caso contrario, ser derogado.
El Gobierno abre la puerta a que sectores como las peluquerías o los centros de estética puedan beneficiarse
El plan de ayudas creó discrepancias en su día incluso en el seno del Gobierno. Pero ayer, además del PSOE y Unidas Podemos, apoyaron el decreto ley Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más País-equo, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Sin embargo, socios del Gobierno como el PNV y Eh-bildu se abstuvieron, así como el PP, Ciudadanos, el PDECAT, la CUP, UPN y Foro Asturias. Por su parte, Vox y Junts votaron en contra.
Otra de las críticas que también sobrevoló en el hemiciclo fue que el reparto no se ha negociado con la oposición ni con las comunidades autónomas, pese a que son estas últimas las que se van a encargar de asignar las ayudas a fondo perdido a autónomos y pymes bajo la supervisión de Hacienda.
El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, aprovechó su turno para reiterar el “intenso debate de siempre entre aquellos de dentro del Gobierno que quieren volver lo antes posible a la mal llamada austeridad y los cabezones”, incluyendo a su partido. Hacía así alusión a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó así al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, días atrás en los pasillos del Congreso.
La diputada del PP Elvira Rodríguez lamentó que sean las comunidades autónomas las que tengan que ejecutar la gestión comprobando “factura a factura”. En su opinión, “el problema del reparto territorial se resolvería con créditos ampliables”.
Para María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto “claramente ineficaz”, con medidas que a su juicio “solo aplazan el desastre”. “Llegan tarde no, tardísimo”, reprochó Ferran Bel, del PDECAT, al señalar que sectores con pérdidas del 40% y el 50% se quedan fuera por obviarse que las restricciones no se han adoptado de forma global, sino territorialmente. Para Idoia Sagastizábal, portavoz económica del PNV, el decreto es “un jarro de agua fría”, ya que las ayudas “ni son claras, ni se adaptan a la realidad territorial”.
Incluso partidos que apoyaron las ayudas criticaron ayer la norma. Fue el caso de Ana Oramas, de Coalición Canaria, que aseguró que “muchas pymes ya se han quedado en el camino”. O Inés Sabanés, de Equo, que calificó de “incomprensible” la postura del PSOE cuando en otros países menos dependientes del turismo “ya se han aprobado ayudas directas”.
El portavoz del ERC, Joan Capdevila, calificó el decreto de “malo, torpe, prepotente y nada dialogado”. Pese a ello, Esquerra lo apoyó “por responsabilidad con la economía real de pymes y autónomos”.
ERC apoya el decreto, aunque lo califica de “malo, torpe, prepotente y nada dialogado”