Grito por Ahmadreza Djalali
Amnistía Internacional alerta de la ejecución inmediata de un médico sueco-iraní en Teherán
La mañana del pasado 24 de noviembre, Vida Mehrannia recibió una llamada. Era su marido, de quien no tenía noticias desde hacía un mes. Ella estaba en su casa, en Estocolmo, y él en la prisión de Evin, en Teherán, y llamaba para despedirse. Él es Ahmadreza Djalali, un médico e investigador que desde el 2016 está encarcelado en esta prisión iraní, apodada la universidad de Evin por los intelectuales, académicos, presos políticos y periodistas que han sido recluidos allí.
“Me dijo que lo iban a trasladar a otra cárcel donde esperaría su sentencia en aislamiento”, explicó en noviembre Mehrannia a la agencia de noticias sueca TT. La sentencia la dictó un tribunal iraní hace más de tres años: condena a muerte. A Djalali lo acusan de haber traicionado a Irán colaborando con Israel a cambio de dinero, trabajo y el permiso de residencia en Suecia.
Este médico de 49 años llegó al país nórdico en el 2008 para hacer su doctorado en medicina de emergencias y catástrofes en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Tras defender su tesis en el 2012 pasó tres años en Italia, también hizo alguna estancia en Bélgica y en el 2015 volvió a Suecia, donde vivía con su mujer y sus dos hijos. Djalali viajaba regularmente a Irán para asistir a conferencias y congresos. Eso hizo en abril del 2016, pero fue arrestado y encarcelado en la prisión de Evin, de la que no ha salido. Pasaron varios días hasta que su familia supo dónde estaba y siete meses hasta que no pudo ver a un abogado.
Según la Fiscalía iraní, Djalali dio información sobre plantas militares y nucleares de su país de origen al Mossad israelí. Para dictar la pena, el tribunal se basó en una confesión, transmitida por televisión pero que él ha insistido en que fue bajo amenazas de matar a sus hijos. En una carta desde la cárcel, publicada por el diario italiano La Repubblica en el 2017, Djalali explicaba que durante una visita a Irán en el 2014 le contactaron los servicios de inteligencia iraníes y le pidieron que cooperara ofreciendo información sobre infraestructuras esenciales y operaciones antiterroristas en Europa, a lo que se negó. Dos años más tarde sería detenido y puesto en una celda de aislamiento, “usando múltiples torturas psicológicas y físicas, amenazas, humillaciones y engaños”, según relataba en la carta, en la que admitía haber hecho “falsas confesiones”. “Nunca he actuado contra mi país, nunca he espiado para Israel o cualquier otro país”, aseguraba.
Aquel 24 de noviembre del 2020, Djalali llamó a su mujer pensando que le quedaban pocas horas de vida, pero las autoridades iraníes acabaron retrasando la ejecución. Ahora, Amnistía Internacional (AI) advierte de que puede ser inminente. “Puede suceder en cualquier momento”, dijo el 16 de marzo la secretaria general de Ai-suecia, Anna Lindenfors. En las últimas semanas, organizaciones humanitarias e instituciones académicas han redoblado las presiones al Gobierno sueco para que intervenga. La última, una carta abierta enviada el miércoles al primer ministro, Stefan Löfven, firmada por el Instituto Karolinska, la Real Academia de las Ciencias de Suecia y AI, en la que le instan a “tomar medidas inmediatas” y a coordinar esfuerzos con otros países como Italia y Bélgica, también involucrados en el caso. Los firmantes hacen referencia a un informe de expertos de la ONU, publicado la semana pasada, en el que alertan de que la situación de Djalali es insostenible y advierten de que existe un riesgo muy alto de que muera en prisión “a consecuencia de las torturas a las que está sometido y a la falta de atención médica que necesita con urgencia”. Según la misiva, el científico lleva más de cien días aislado, “tumbado sobre una manta en el suelo y con una lámpara encendida día y noche para que no pueda dormir”. “Apenas puede comer, tiene dificultad para hablar, y su frecuencia cardiaca es extremadamente baja”, añaden.
En el 2017, Löfven se reunió con el presidente iraní, Hasan Rohani, y aseguró que había planteado “cuestiones de derechos humanos”, aunque no mencionó el nombre de Djalali, a quien las autoridades suecas concedieron la ciudadanía en el 2018. Aquel 24 de noviembre, cuando la ejecución parecía inminente, la ministra de Exteriores, Ann Linde, aseguró que había pedido a su homólogo iraní, Mohamad Javad Zarif, que la anulara, y dijo que estaba “trabajando” para impedirla. Irán, que no reconoce la doble nacionalidad de sus ciudadanos, respondió con una reprimenda ante lo que consideró una injerencia de Suecia en sus “asuntos internos”.
Suecia ha pedido clemencia, pero Irán no reconoce la doble nacionalidad y dice que es un “asunto interno”