La batalla por las libertades
El Gobierno británico utiliza la pandemia para recortar el derecho a protestar
Boris Johnson dijo una vez que se comería el carnet de identidad antes de permitir que los británicos estuvieran obligados a tenerlo. Boris Johnson dijo otra vez que su héroe es Larry Vaughn, el alcalde de Amity en la película Tiburón, que dejó abiertas las playas de la ficticia localidad norteamericana a pesar de la presencia de un aterrorizador escualo. No es que su palabra sea especialmente de fiar, pero está claro que los instintos libertarios de los que presumía se han esfumado.
El nuevo Boris Johnson, el que es primer ministro con mayoría absoluta, ha estado gravemente enfermo de la covid y atribuye al Brexit el éxito de la campaña de vacunación en el Reino Unido, se ha vuelto autoritario, incluso más de lo que es habitual en los políticos cuando degustan el poder. Lejos de comerse el DNI, acepta que los pubs (cuando vuelvan a abrir el 12 de abril) puedan exigir a los clientes un pasaporte de vacunación con su historial sanitario o un test negativo antes de permitirles el sacrosanto derecho de tomarse una pinta de cerveza. Y, al contrario que su ídolo Vaughn, ha impuesto en respuesta a la pandemia uno de los confinamientos más duros de Europa, con los restaurantes, bares, cines, teatros y comercios no esenciales clausurados desde antes de Navidad (aunque en estas tierras el autoritarismo estatal tiene un límite, y ni hay toques de queda nocturnos ni la obligación de llevar la mascarilla al aire libre).
Johnson, con la complicidad del Labour, ha conseguido que los Comunes prorroguen seis meses más, hasta por lo menos octubre, los poderes de emergencia del Estado para afrontar la crisis sanitaria. Y, de paso, ha empezado a tramitar en el Parlamento una polémica ley para hacer más severas las sentencias, limitar el derecho a protestar y manifestarse, y dar luz verde a que la policía utilice la fuerza contra quienes desacaten sus órdenes.
“Los estados tienen una tendencia natural a acaparar poderes y reducir las libertades de la población, y las situaciones de miedo colectivo constituyen un escenario ideal para que lo hagan. Muchos ciudadanos (así lo confirman las encuestas) están dispuestos a sacrificar sus derechos civiles a cambio de seguridad. A los que se han perdido con el pretexto del 11-S y el terrorismo islámico se van a sumar ahora los que se perderán con la excusa de la pandemia. Para un gobierno no hay nada mejor que una población amordazada y temerosa, que en vez de protestar se quede quieta en casa”, dice el sociólogo John Sexton.
La nueva “Ley de Policía, Delincuencia y Sentencias”, un documento de trescientas páginas que se está tramitando ya en los Comunes, endurece los castigos a violadores e impide la reducción de las penas de prisión a los culpables de crímenes sexuales. Pero su auténtico propósito es hacer más difícil las protestas callejeras, ya sea por causas medioambientales (como cuando el movimiento Extinction Rebellion bloqueó durante días el puente de Waterloo) o contra el uso excesivo de la fuerza (como los saqueos y enfrenpuerto tamientos en el barrio londinense de Tottenham en el 2011 tras la muerte a manos de las autoridades de Mark Duggan, un hombre negro), o por el derecho de las mujeres a pasear sin miedo por las ciudades (como la de hace un par de semanas en Clapham tras el asesinato de Sarah Everard por un agente de Scotland Yard), o en el contexto del movimiento woke (como la que en Bristol llevó a derribar y lanzar al la estatua del mercader esclavista colonial Edward Colston).
“Tony Blair justificó en la amenaza terrorista el envío de tanques al aeropuerto de Heathrow y la suspensión del habeas corpus para que la policía pudiera tener a sospechosos bajo su custodia durante semanas sin necesidad de presentar cargos –recuerda el activista por la defensa de los derechos civiles Stanley Biggar–. Y aunque algunas de aquellas medidas quedaron revocadas con el tiempo, la gente aceptó como normal la prohibición de llevar líquidos en los aviones o pasar agresivos controles de seguridad. Ahora el Estado vuelve a la carga, y las libertades que se perderán por culpa de la pandemia desaparecerán quizás para siempre. Hay quienes se resisten, pero la mayoría piensa que ir con la boca tapada o tener que probar que se está vacunado para viajar o ir a un espectáculo son sacrificios asumibles”.
Entre los nuevos poderes de la policía que prevé la ley en cuestión
PODERES ADICIONALES
Una nueva legislación permitiría a la policía impedir una protesta si es “demasiado ruidosa”
ATAQUE PREVENTIVO
El Estado busca atajar protestas de índole racial, medioambiental y contra el colonialismo
figuran el de prohibir y criminalizar las protestas y manifestaciones en función del número de decibelios (el ruido que se espera que hagan), o para hacer respetar la “distancia social”, si teme que vaya a provocar “desórdenes públicos que perturben la vida de la comunidad”, o bloquear vías de tren y carreteras, y el de fijar a su propia discreción la hora de comienzo y fin de los actos.
Aquellos que sean encontrados culpables de causar daños en monumentos y derribar estatuas pueden ser sentenciados hasta con diez años de prisión, y no estará permitido vivir en el propio vehículo si no se puede pagar el alquiler (como hacen centenares de personas en Bristol). Ir a un aeropuerto para viajar sin “motivo justificado” se deriva ya en una multa de seis mil euros.
Al grito de Kill the bill, la legislación ha provocado una semana de disturbios en la ciudad de Bristol, con amplia población universitaria y tradición progresista, con violentos enfrentamientos entre una multitud mayoritariamente joven que lanzaba piedras, ladrillos y fuegos de artificio, y unos agentes de seguridad que respondían sin miramientos con las porras. Para las próximas semanas hay convocados más actos, pero por el momento ya ha habido una veintena de detenciones y cuarenta heridos, casi todos manifestantes con lesiones en la cabeza. La policía, en un intento de captar la simpatía popular, dijo que tres agentes tenían huesos rotos, pero posteriormente hubo de rectificar y admitir que no era para tanto.
Inicialmente la oposición laborista había decidido abstenerse cuando se vote definitivamente la ley (ahora está siendo debatida en los comités parlamentarios), pero ha dado marcha atrás y ahora se opone. También lo hacen figuras del Partido Conservador como la ex primera ministra Theresa May, a la que derrocó Johnson en su camino hacia el 10 de Downing Street. Pero los más firmes defensores de las libertades son varias decenas de diputados del ala libertaria tory ,la mayoría de ellos brexiters furibundos, que eran contrarios a la burocracia excesiva y la aversión al riesgo de la Unión Europea, y también lo son al Estado niñera en todas sus expresiones y a la obsesión por tener atada a la ciudadanía con una correa. Ahora piden regresar lo antes posible a la normalidad, a poder viajar sin cortapisas, ir de compras y a los pubs, y estimular la economía aprovechando el éxito de la vacuna, que las personas vulnerables están inmunizadas y los hospitales ya no están saturados, en vez de adoptar prácticas draconianas que el Gobierno británico, en Rusia y China, consideraría violaciones de los derechos humanos. Y que Johnson sea más como el alcalde de Amity.