Los millones no garantizan el triunfo
El pasado 11 de marzo, prácticamente en el ecuador de los míticos cien días en los que se supone que una nueva administración estadounidense fija su impronta para todo el mandato cuatrienal, Joe Biden consiguió que el Congreso aprobara un ambicioso programa social que como mínimo ha conseguido que muchísima gente retenga su importe económico total exacto, 1,9 billones de dólares. Billones, rápidamente hay que aclarar, en castellano, es decir un millón de millones, no los 1.000 millones que expresan el billion en inglés.
El programa contiene un poco de todo, como en botica, desde los 123.000 millones para que el mayor número de estadounidenses se vacune en el menor tiempo posible hasta 25.000 millones para el sector de la restauración, pasando por lo que es con toda probabilidad su rasgo más llamativo, un cheque de 1.400 dólares para un número significativo de ciudadanos que acredite unos ingresos inferiores a los 75.000 anuales (todas las cifras son en dólares y hay que mirar detenidamente la letra pequeña, no son los imaginarios billetes supuestamente lanzados desde un helicóptero).
Por el camino se quedó la propuesta inicial de elevar el salario mínimo federal hasta los 15 dólares la hora desde los 7,25 actuales, pero en unos momentos en los que la prioridad es la urgente recuperación del empleo perdido como consecuencia de la pandemia, se consideró que tal alza podía esperar, tranquilizando así a los congresistas y los senadores demócratas más precavidos o conservadores. En frase del propio presidente, visualizando a la perfección su etiqueta de hombre de pacto y consenso, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.
Y es que el Congreso se decidió sobre el programa en términos estrictamente partidistas, no contando ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes ni con un solo voto de la oposición republicana. De hecho, cuando aún no se había secado la tinta de la firma de Biden en la flamante ley, el líder de la minoría republicana, Kevin Mccarthy, se apresuró a calificar el programa de costoso, corrupto y liberal (liberal en el sentido estadounidense del término, es decir, progresista).
En estos momentos, sin embargo, el programa goza de un apoyo popular extraordinario, elevando la popularidad del flamante presidente hasta cotas superiores al 70%, unos niveles nunca alcanzados por su predecesor, quien prácticamente apenas se acercó al 50%. No es que haya faltado alguna llamada a la prudencia, como la formulada por el exsecretario del Tesoro Larry Summers, alertando sobre los riesgos inflacionarios, ni la inquietante constatación de que el déficit público norteamericano, aún antes de la presente lluvia de millones, ya superaba el 10% del PIB o que la deuda pública haya rebasado el listón del 100% (nada irreparable, diría un cínico, cuando tu moneda es el dólar). Por otra parte, hay que poner las cifras fiscales en perspectiva, ya que las reducciones de impuestos aprobadas por Trump se cifraron en unos 1,7 billones de dólares, un importe muy similar al del programa de estímulos de Joe Biden.
Más preocupante para los demócratas deberían resultar las remarcables semejanzas con los programas de estímulo emprendidos por los anteriores gobiernos del partido, en 1993 bajo la presidencia de Bill Clinton y en el 2009 bajo la de Barack Obama, en el sentido de que tampoco contaron con apoyo alguno por parte de la oposición. En las subsiguientes citas con las urnas, respectivamente en las elecciones legislativas de 1994 y el 2010, los batacazos de los demócratas fueron épicos.
En efecto, la derrota de la Administración Clinton en 1994 fue especialmente apabullante, ya que al calor del famoso Contrato con América liderado por el congresista Newt Gingrich, los republicanos se hicieron con el control de ambas cámaras del Congreso, lo que no sucedía desde 1952. Por su parte y a pesar de haber conseguido aprobar su ley insignia (la de reforma sanitaria) y de un significativo programa de rescate de la economía norteamericana tras la llamada Gran Recesión (20082009), los demócratas volvieron a perder el control de la Cámara Baja en el 2010. Tanto Clinton como Obama se recuperaron a tiempo de obtener sus respectivas reelecciones, pero la producción legislativa de ambas administraciones fue ya más bien modesta con el Congreso en contra.
Por tanto, es legítimo preguntarse por el destino del presidente Joe Biden si su partido pierde el control del Congreso en las elecciones legislativas del año que viene. ¿Seguirá los pasos de sus antecesores demócratas, Clinton y Obama, aspirando a la reelección, en su caso superada la barrera de los 80 años? ¿Pasará los trastos a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que esta se enfrente en las presidenciales del año 2024 al mismísimo Donald Trump o a un candidato bendecido por la familia Trump, que es donde parece residir el poder del actual Partido Republicano? Imprevisible, pero también apasionante.
Es legítimo preguntarse por el destino de Biden si pierde el control del Congreso en las legislativas del 2022