Ocupación cronificada

La ocupación de viviendas vacías, ya sea por necesidad social o por actuación de grupos organizados que hacen de ello un negocio, se ha cronificado. Los casos se multiplican día tras día porque la legislación no protege debidamente la propiedad privada. Desde que empezó la pandemia, además, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y los ayuntamientos han frenado el desalojo y los desahucios de las familias vulnerables. Amparados en esta protección, que en algunos casos puede estar justificada, los delincuentes utilizan niños o familias al borde de la exclusión social como escudo de su actividad para usurpar viviendas, ya sea para vivir en ellas o para alquilarlas posteriormente. Las estadísticas oficiales no reflejan la verdadera realidad del fenómeno, ya que no siempre se denuncian los casos.

Ante la impotencia legal para desalojar a los ocupantes irregulares –no son ilegales hasta que un juez lo dictamine así– se empieza a normalizar el hecho de que la gente se tome la justicia por su mano y recurra directamente a la contratación de empresas especializadas en el desalojo de las viviendas ocupadas. De esta manera se ha dado vida a un nuevo sector de actividad empresarial.

Es evidente, visto lo que sucede, que la defensa de la propiedad privada no está garantizada en este país. Es necesaria una reforma legal clara y concisa que permita que los ocupas puedan ser desalojados en 48 horas, al igual que sucede en Francia o Alemania, tan pronto como el propietario justifique su derecho sobre la vivienda. Todo lo demás son subterfugios legales que protegen a los que usurpan ilegalmente una propiedad. Las normas dictadas por el Ministerio del Interior y por la Fiscalía del Estado para agilizar la actuación de la policía en el desalojo de las viviendas ocupadas han supuesto una mejora del proceso, pero no suficiente.

Ciertamente, se puede argumentar que hay familias que necesitan un lugar para vivir, ante el grave problema de vivienda que sufre el país. Pero eso no justifica el allanamiento de la propiedad privada. Es responsabilidad de los poderes públicos resolver el problema con una eficiente política de protección social que garantice el derecho constitucional a una vivienda.

Junto a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para poder desalojar en 48 horas las viviendas ocupadas ilegalmente se hace también necesario potenciar, de manera urgente, la vivienda social por todos los medios posibles. Es un hecho que la crisis de la pandemia ha agravado sustancialmente los problemas habitacionales de la población. Entre otras actuaciones, las autoridades deberían negociar con los grandes tenedores acuerdos para la cesión temporal de sus viviendas vacías a precios asequibles que deberían sufragar las propias administraciones públicas. En el fondo, sin embargo, parece haber falta de voluntad o de capacidad política para afrontar el problema de la vivienda en toda su dimensión.

Los grupos organizados

perfeccionan sus estrategias para usurpar

viviendas vacías