El suelo de la ciudad
Muchas veces, residiendo en el barrio de Sant Antoni, había pasado por delante del teatro Talia. En 1987 lo cerraron, se quemó y lo derribaron. Y allí sigue, 34 años más tarde, un triste solar. Mira por dónde el Ayuntamiento anunció la semana pasada que lo compraría y construiría vivienda asequible y un centro cultural. Me alegró el día y lo tomo como excusa para tres reflexiones:
1) La primera es muy local. Me gustaría que el centro cultural incluyera un teatro. Está ampliamente aceptado (lo dice el Ayuntamiento, Barcelona Global, etcétera) que el Paral·lel necesita un programa de recuperación. Dado lo ya existente y una memoria muy viva del esplendor pasado, uno de sus vectores podría ser potenciar como zona teatral el segmento en torno a la intersección con la ronda Sant Pau. Allí tenemos ya seis escenarios vivos (Apolo, Barts, Condal, Hiroshima, Tantarantana, Victòria) y dos que esperan el relanzamiento (Arnau, El Molino). Consolidar los ocho es importante, pero no suficiente para conseguir que el Paral·lel destaque como gran referente teatral. Aprovechemos, pues, las oportunidades que se presenten para intensificar la actividad escénica.
2) La segunda es muy global. Soy de la opinión de que las autoridades públicas (Ayuntamiento, Generalitat) tendrían que desplegar en la ciudad una política decidida y persistente de compra de suelo edificable. Los efectos se notarán poco de inmediato, pero nuestros nietos nos lo aplaudirán. El suelo, más que el edificio de encima, absorbe el valor económico que genera el hecho urbano. Es fácil entender por qué. Dos edificios idénticos, uno en el centro dinámico de una ciudad y el otro muy en la periferia, no valen lo mismo en el mercado inmobiliario. El primero vale más. Pero el coste de construcción es el mismo. ¿Adónde va, pues, la diferencia?
Quien tiene la sartén por el mango es el propietario del suelo. Supongamos, por poner las cosas fáciles, que tenemos una parcela no edificada pero edificable. El propietario del suelo tiene muchos constructores a su alcance y, por tanto, a la hora de hacer un edificio pagará simplemente el precio de coste (incluido el del capital). En cambio, un promotor no está en la misma posición: para edificar en una ubicación privilegiada necesita al propietario del suelo de aquella ubicación, no lo puede sustituir por otro. Una consecuencia es que si hay mejoras urbanas el valor que se genera favorecerá al propietario del suelo (que, claro, pueden ser indirectamente los propietarios de los apartamentos construidos encima). Ahora bien: en la medida en que la mejora urbana es resultado de la acción pública, o de la suerte, sería más lógico que el valor creado se socializara. Si el suelo es público, este será automáticamente el caso. La propiedad pública es lo más claro y simple. Como no propongo la revolución, sino la adquisición a precios de mercado, se sigue que la adquisición de suelo sea necesariamente gradual y, por tanto, en el mientras tanto harán falta otras medidas (recomiendo impuestos). Pero sin olvidar que la política más eficaz a largo plazo es la de ir socializando el suelo. Se ha hecho desde siempre con calles y espacios no residenciales. No hay razón para no hacerlo con los residenciales.
3) Conecto las dos reflexiones anteriores. Una vez el sector público es propietario del suelo no hace falta que se vista de empresario teatral o de promotor de vivienda. Tiene bastante fuerza para firmar contratos con agentes privados donde imponga todas las condiciones que considere adecuadas. Tendrá que ofrecer a los privados una rentabilidad de mercado, pero no más. En el caso de viviendas en Barcelona, es plenamente compatible con crear oferta asequible. Además, los teatros y la vivienda podrán estar construidos y disponibles en periodos más cortos que los del sector público cuando este adquiere una responsabilidad muy directa en la ejecución.
Las autoridades públicas tendrían que desplegar una política decidida de compra de suelo edificable