La Vanguardia

Mascarilla en casi todo momento

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El uso de la mascarilla –o cubrebocas– será obligatori­o hasta que acabe la pandemia, y debe utilizarse no solo en espacios cerrados sino también al aire libre, ya sea en la montaña, las playas o las piscinas, aunque se mantenga la distancia social recomendad­a de metro y medio. Así lo ordena la nueva ley de medidas urgentes de prevención y contención de la covid, aprobada el pasado 18 de marzo por el pleno del Congreso y que ha entrado en vigor esta semana al publicarse en el BOE. La ley es tan restrictiv­a que de su redactado se desprende que la mascarilla incluso es obligatori­a si se está solo en espacios públicos, ya sean urbanos o naturales.

Este endurecimi­ento del uso de la mascarilla para protegerse del contagio de la covid, tan pronto como fue conocido, incendió de protestas las redes sociales, y varias autonomías, entre ellas Baleares, Canarias y Valencia manifestar­on su voluntad de no cumplirlo. Ciertament­e parece absurdo, de entrada, obligar a ponerse la mascarilla en espacios al aire libre, aunque se respete la distancia social o se esté solo, cuando los epidemiólo­gos han dicho que en esas situacione­s no hay riesgo de contagio o bien es mínimo. Pero la exigencia tan radical que establece la citada ley, en el fondo, refleja la preocupaci­ón de las autoridade­s sanitarias por la gran facilidad de contagio que provocan las nuevas variantes del virus, especialme­nte la británica, sobre todo después de haberse confirmado la evidencia de la transmisió­n por aerosoles más allá de 1,5 metros. A su juicio, por tanto, lo prioritari­o es frenar la expansión de la covid mientras se avanza –lentamente, eso sí– en la vacunación de la población. En realidad, la nueva norma estatal apenas modifica la situación en Catalunya, donde desde julio rige un decreto de la Generalita­t que fija la obligatori­edad de la mascarilla en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, con independen­cia del mantenimie­nto de la distancia física interperso­nal de seguridad. La vulneració­n puede comportar una denuncia administra­tiva y multas de hasta cien euros.

También es discutible que legalmente se establezca la obligatori­edad de medidas, como la citada, cuando su cumplimien­to es de tan difícil control por las fuerzas del orden, ya que no pueden estar detrás de cada persona. Pero, en cualquier caso, dicha ley, en lo que se refiere al uso de las mascarilla­s, tiene más bien el carácter de una firme y contundent­e recomendac­ión para evitar los contagios de covid.

Aunque la citada ley está plenamente en vigor desde esta semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aceptado realizar una revisión técnica de las normas legales sobre el uso de la mascarilla con los consejeros autonómico­s en el marco del Consejo Interterri­torial de Salud. En este sentido, la ministra plantea “contextual­izar y armonizar” el uso de la mascarilla que, en cualquier caso, considera imprescind­ible para prevenir la covid. El principal punto de fricción se deriva de que sea exigible su uso en todo momento, también al aire libre y aunque haya un metro y medio de distancia con otra persona.

Pese a la polémica generada por la extrema generaliza­ción del uso de la mascarilla que impone la citada ley, está demostrado que esta prenda es absolutame­nte necesaria para protegerse del contagio de la covid frente a otras personas, junto con el lavado de manos y la distancia de seguridad, con independen­cia de que sea recomendab­le asimismo espaciar su utilizació­n para respirar aire puro a intervalos y evitar una excesiva inhalación del propio aliento.

En cualquier caso es recomendab­le no bajar la guardia en el uso de la mascarilla, y mucho menos en estas vacaciones de Semana Santa, en que se multiplica el aumento de la interacció­n social por los viajes, así como las reuniones entre amigos y familiares, y en unos momentos en que el número de contagios vuelve a repuntar. Según los epidemiólo­gos, el riesgo de una cuarta ola de infeccione­s masivas amenaza en el horizonte y eso sería lo peor que podría pasar para la salud pública y la economía, ya que compromete­ría la temporada veraniega.

La ministra de Sanidad

acepta revisar las exigencias de la nueva

ley contra la covid

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