El legado del electricista
Lech Walesa, líder de la revuelta obrera polaca de 1980 contra el régimen comunista, se apaga. Pero Gdansk mantiene vivo su espíritu rebelde.
Hace unos días, Lech Walesa se despidió. “Como no sé cuándo volveremos a vernos, ni si volveremos a vernos, me gustaría decir que todo lo hice por servir bien a la nación. Hasta la próxima, si el destino me permite seguir en esta Tierra un poco más. Si no, rezad por mí”. Primer presidente de la Polonia democrática (1990-1995) y Premio Nobel de la Paz, exlíder y fundador de Solidarnosc (Solidaridad) –primer sindicato independiente del bloque soviético– e icono de la lucha contra el régimen comunista, el mítico electricista de los Astilleros Lenin de Gdansk se disponía a ingresar en el hospital para una intervención de corazón y colgó un vídeo de adiós en las redes sociales. La despedida se demostró precipitada. La operación acabó bien. Y si la salud se lo permite, a sus 77 años, promete seguir hostigando la deriva autoritaria del actual Gobierno nacionalista e iliberal de su país.
Lech Walesa es, como cualquier otro, un hombre contradictorio, con sus zonas de luz y de sombra. Su etapa como presidente, y también como líder sindical, tienen sus críticos. Pero casi nadie discute el enorme valor de su liderazgo en el movimiento que condujo al derrumbe de la dictadura comunista. La caída del Muro de Berlín en 1989 no se entiende sin la precursora revuelta obrera polaca de 1980 en la antigua Danzig alemana, a orillas del Báltico. Ni sin el apoyo de la Iglesia católica y muy en particular del papa Juan Pablo II, con quien Walesa, un fervoroso creyente, estableció un fuerte vínculo.
En los últimos años, el partido político dominante en Polonia, el nacionalista ultraconservador Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski –un antiguo aliado de Walesa convertido hoy en su principal enemigo–, se ha empeñado en reescribir la Historia y minimizar el papel del sindicalista en el movimiento de 1980, mientras intenta presentarle como un traidor que habría colaborado con la policía secreta comunista.
Es cierto que Walesa figuraba como informante, bajo el nombre clave de Bolek,en documentos oficiales hallados en casa del desaparecido general Czeslaw Kiszczak, antiguo ministro del Interior del régimen. Walesa habría sido captado –u obligado a firmar como colaborador– en 1970, tras ser detenido junto a otros miembros del comité de huelga tras la revuelta de los astilleros de Gdansk de ese año –en que murieron medio centenar de obreros por la represión policial–, y habría prestado supuestamente sus servicios hasta 1976. Él asegura que nunca llegó a actuar como confidente y que jamás cobró por ello. De hecho en el 2000 fue oficialmente exonerado por el Tribunal de Verificación de Varsovia.
En cualquier caso, lo que sí está probado es que en los años setenta Walesa participó activamente en el movimiento sindical clandestino –lo que le valió varios despidos como represalia– hasta culminar en la gran huelga de agosto de 1980 en la que participaron 17.000 trabajadores y que forzó al régimen a ceder ante reivindicaciones que excedían las meramente laborales: el protocolo firmado con el Gobierno reconocía la libertad de expresión y de sindicación, así como el derecho de huelga. De ahí nacería Solidarnosc, que en menos de un año captaría a 10 millones de afiliados.
Como es conocido, esa primera y breve apertura acabó abruptamente con la declaración de la ley marcial por el general Wojciech Jaruzelski, a la sazón ministro de Defensa, que asumió el poder, ilegalizó el sindicato y detuvo a sus dirigentes. El golpe de Estado –¿acción desesperada o maniobra para evitar una intervención rusa?– no hizo más que retrasar lo inevitable. La llegada del reformista Mijaíl Gorbachov al poder en la URSS en 1985 impulsó la reapertura del régimen y en 1989 se celebraron unas elecciones semidemocráticas que dieron entrada en el Parlamento a la oposición. Jaruzelski nombró entonces primer ministro, al frente de un gobierno de coalición, a un consejero de Walesa.
El electricista de Gdansk fue elegido presidente de Polonia al año siguiente, en las primeras elecciones democráticas. Pero solo duró un mandato. Y no fue poco discutido. En diciembre de 1995 concurrió a la reelección y salió trasquilado.
Defraudado y sin otros medios de vida, el 2 de abril de 1996 –el viernes se cumplieron 25 años del evento, según los recordatorios de efemérides– se reincorporó a su antiguo puesto de trabajo en los astilleros, para pasmo de propios y extraños. (No hay muchos casos así, pero no es el único: en 1989, quien fuera secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, regresó a trabajar en la mina de Rioturbio, en Mieres, tras dejar el partido y la política) De todos modos, el nuevo Walesa duró poco como electricista: a las pocas semanas, el Parlamento aprobó una ley que reconocía el derecho de los expresidentes a una pensión del Estado y lo dejó.
Su último intento de tratar de recuperar la presidencia, en el 2000, se saldó con un fracaso estrepitoso (1% de los votos) y Walesa decidió abandonar finalmente la política. Desde entonces, sin embargo, ha utilizado su nombre y su prestigio para criticar el autoritarismo y antieuropeísmo del Gobierno nacionalista, a quien la nueva dirección de Solidarnosc parece haberse rendido.
Los astilleros de Gdansk fueron privatizados y, aunque se libraron del cierre –lo que no sucedió con otras viejas industrias europeas–, hoy solo emplean a 2.000 trabajadores. Pero Gdansk ha seguido fiel a su alma rebelde. Junto a otras ciudades del país, donde la oposición se ha hecho fuerte, encabeza la resistencia a los ultraconservadores. Antes de ser asesinado por un ultra en el 2019, el carismático alcalde Pawel Adamowicz había convertido a la ciudad en referente de una sociedad abierta, tolerante y multicultural, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia como símbolo de la lucha por las libertades cívicas. Sus sucesores han mantenido la misma línea. Lech Walesa ha empezado a apagarse, pero el espíritu de los obreros de Gdansk sigue vivo.
Desde su retiro político, Walesa se ha dedicado a combatir la deriva autoritaria del Gobierno nacionalista