Retos de gobierno en Catalunya
Catalunya acumula problemas, uno tras otro, a la espera de que acabe la interinidad en que se encuentra el Govern de la Generalitat. El país necesita cuanto antes un ejecutivo estable, solvente y capaz de hacer frente con eficiencia a los retos sanitarios, sociales y económicos presentes y futuros. La principal prioridad es, sin duda, avanzar y mejorar en la estrategia de lucha contra la pandemia de la covid, que ha provocado el mayor número de muertos, la recesión económica más grande y el peor retroceso social que se ha sufrido desde la Guerra Civil. La situación, un año después de iniciada la pandemia, es todavía de auténtica emergencia sanitaria, social y económica. Habría que dejar a un lado los intereses partidistas, colocar el bien común y la reconstrucción social y económica del país como principal objetivo colectivo, en un marco de restauración de la ilusión y la ambición por un futuro mejor para todos.
La política sanitaria, en estos momentos, es también la mejor política social y económica que se puede hacer. Por eso requiere de los máximos esfuerzos para acelerar la campaña de la vacunación de la covid y combatir la expansión de los contagios, sin olvidar que también muere mucha gente de otras dolencias y enfermedades cuyo tratamiento no debe relegarse. La pandemia ha puesto de manifiesto los grandes déficits económicos, de personal y organizativos que arrastra la sanidad catalana.
El segundo gran reto de gobierno que tiene Catalunya es el social, que se refleja en los 512.000 parados registrados en las oficinas de empleo, 117.000 más que hace un año, a los que hay que sumar 190.902 trabajadores asalariados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y otros 58.899 autónomos que se encuentran en suspensión de actividad. Uno de cada cinco catalanes, además, se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.
Este colosal drama social, que es consecuencia de la brutal recesión que ha sufrido Catalunya en el 2020, con un retroceso del producto interior bruto del 11,5% –el más elevado de Europa–, exige una urgente suma de esfuerzos para poder hacerle frente con éxito. El problema no se arregla solo con el aumento de ayudas públicas y subvenciones, por más necesarias que sean, porque tienen un límite. Lo más importante, y lo único que sacará a Catalunya de la crisis, es poder reactivar al máximo todo el potencial de creación de riqueza y de empleo que tiene la economía catalana.
La clave para que Catalunya pueda dar lo mejor de sí misma en estos momentos pasa por la restauración de la confianza entre los agentes económicos para que puedan desplegar la máxima inversión posible, lo que a su vez exige definir un horizonte de seguridad y estabilidad jurídica en el país. Las incertidumbres creadas ya antes de la pandemia a causa del proceso independentista se mantienen larvadas y frenan muchos proyectos e inversiones, tanto autóctonos como extranjeros. La fuga de empresas no se ha detenido todavía.
El nuevo gobierno que salga finalmente del Parlament de Catalunya tiene que ser capaz de restaurar la confianza y de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad social por encima –o en paralelo– del proyecto político que tenga como objetivo. Sin eso no hay progreso posible en Catalunya a corto ni a medio plazo. Como no lo hay tampoco con una política de confrontación con el resto del Estado, del que depende más del 50% de la economía catalana. El futuro económico y la creación de empleo en Catalunya, por tanto, exige de entrada el protagonismo y el liderazgo de una política inteligente y conciliadora. A partir de ahí se podrán afrontar con éxito el conjunto de los demás retos que tiene el país, como es la transformación ecológica y energética, el desarrollo de un tejido productivo de alto valor añadido, capaz de atraer inversiones y talento del extranjero, el impulso a la innovación, la digitalización de la sociedad; la mejora de la educación, especialmente la formación profesional, y la gestión eficiente de los fondos europeos, entre otros muchos objetivos.
La generación de un marco de confianza, estabilidad y seguridad jurídica es clave para el progreso del país