Empieza la campaña de la renta
Este próximo miércoles, día 7 de abril, comienza oficialmente la campaña para presentar (por internet) la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y la del impuesto sobre el patrimonio. Este año prácticamente no hay novedades fiscales. Será el último porque la declaración que corresponderá presentar en el 2022 contabilizará las subidas de impuestos que ya rigen en este ejercicio y que están incluidas en los presupuestos generales del Estado para el 2021. Todo indica que, a partir de ahí, se iniciarán unos años de creciente aumento de la presión fiscal para empezar a pagar la enorme deuda pública acumulada para combatir la pandemia y su impacto económico y social.
La pandemia, muy probablemente, ha contribuido a aumentar la convicción de los ciudadanos para cumplir con sus deberes fiscales porque han podido comprobar el gran esfuerzo financiero que ha hecho el Estado para aumentar los recursos destinados a la sanidad pública, a la atención a las familias más vulnerables y al sostenimiento del empleo y de las empresas. Es un enorme esfuerzo colectivo que hay que pagar, más tarde o más temprano.
En la declaración de la renta de este año, los que van a tener mayor complejidad serán los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los autónomos que han recibido la prestación por cese de actividad. En ambos casos las retenciones aplicadas sobre los ingresos que han recibido han sido mínimas. Por ello habrá perceptores de dichas prestaciones que, en contra de lo que probablemente esperan, deban enfrentarse a una declaración de renta positiva. Hacienda es inflexible en este aspecto: los afectados han cobrado rentas, aunque sean del Estado, y deben tributar por ellas. Una complicación administrativa adicional la tendrán quienes han cobrado más de lo que les correspondía, ya que deberán tributar por el dinero extra, devolverlo al Ministerio de Trabajo o la Seguridad Social, y pedir luego la devolución del IRPF correspondiente que se hubiera pagado por esa diferencia. Es un considerable engorro que solo se justifica por la urgencia aplicada por el Gobierno en su día para hacer llegar el dinero a los trabajadores en detrimento de un control estricto que habría retrasado más los pagos y que, ahora, se hace a posteriori. Igual de complicado, o quizás más, lo tienen el medio millón de personas que han cobrado ya el ingreso mínimo vital, ya que tienen la obligación de presentar declaración de la renta. No para pagar impuestos, ya que no superan los límites exentos, sino a efectos de control para evitar fraudes. El problema es que este colectivo de personas probablemente nunca se ha relacionado con Hacienda ni sabe cómo hacerlo.
La Agencia Tributaria, a causa de todo ello, tendrá más trabajo administrativo que otros años pero menos ingresos procedentes de la liquidación de las declaraciones de renta como consecuencia de la profunda caída de la actividad económica y del empleo.
La pandemia contribuye a una mayor conciencia fiscal para hacer frente a
sus enormes gastos