El coste diferencial de la vida
Alex Costa con otros autores acaban de publicar para el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos el estudio El Coste de la Vida en las Comunidades Autónomas, Áreas Urbanas y Ciudades de España (IERMB Working Paper in Economics). Enfatiza el documento un tema que lleva ya más de veinte años en el debate desde que Gerard Padró y quien suscribe lo pusieran sobre la mesa (*), con bastante teoría de la hacienda pública detrás: el reconocimiento de que un euro no compra lo mismo en cualquiera de los espacios que constituyen en la geografía algunos mercados diferenciados. La verdad es que nuestro trabajo ha tenido, de momento, poco éxito: se sigue sin aceptar que las transferencias autonómicas, las pensiones que reciben las viudas, las prestaciones no contributivas, las becas de nuestros estudiantes, etcétera, no tienen la misma capacidad de compra, en términos adquisitivos reales, en todos los lugares, dados los diferenciales de precios que existen en la economía (alquiler, transporte u otros servicios). No hay equidad en la distribución de los recursos sin un ajuste. Por eso entre los países y regiones europeos se produce una compensación por la diferente capacidad de compra cuando se compara una misma renta. Algunos países desarrollados sensibles a este tema, como Inglaterra, ajustan desde hace tiempo las transferencias internas en sanidad y servicios sociales por ese diferencial. Y es que desde la evidencia disponible en el cálculo de los ajustes, como en el trabajo mencionado, las valoraciones de la renta real de Catalunya dan resultados lo bastante dispares. La renta catalana baja varios escalones en la clasificación, con una evolución dentro del conjunto de las comunidades autónomas que algunos han asociado a sus saldos y déficits fiscales, como un reciente trabajo del servicio de estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona.
El castigo por el no ajuste, que da también ganancias caídas del cielo para aquellas comunidades con niveles diferenciales favorables, refleja la falta de sensibilidad del centralismo imperante, y se añade a algunos otros. Por ejemplo, a lo que observan estos días algunos de los estudiantes graduados que buscan trabajo en entes públicos o parapúblicos. Así en fundaciones, empresas, servicios de estudios que convocan plazas a las que se puede concurrir desde toda la geografía española... pero que obligan a ir a trabajar a Madrid. Una misma beca o retribución se empequeñece bastante si el estudiante seleccionado es de fuera de la capital, ya que con la mismo paga tiene que satisfacer alquiler y transporte (como mínimo de vez en cuando). Cuando mis estudiantes se dan cuenta de esta discriminación se hacen cruces. También pasa con cargos de algunos entes reguladores con sede en Madrid, en los que sus interventores se niegan a abonar una pernoctación ordinaria. Eso sí: aceptando desplazamientos, si se quiere, en primera clase.
Vale decir, finalmente, que este reconocimiento demandado, por ejemplo en la financiación autonómica, no es para ganar liquidez para el Gobierno, ya que en buena medida aquel incremento es probable que acabe con retribuciones más altas de sus destinatarios, trabajadores o beneficiarios de las transferencias recibidas. Lo que sale por lo que entra, pero con mejoras del bienestar de la gente. Eso se llama espacio social en convenios, tal como reclaman a menudo empresarios y sindicatos. Por eso se entiende poco que estos mismos no apoyen las medidas mencionadas de reforma de la financiación, y se quejen a la Generalitat y no al Estado, que es quien de hecho no las hace posibles.
Un euro no compra lo mismo en distintos territorios, y algunos
países ajustan las transferencias para
compensarlo