Ocho miembros de Vox dejan el partido en Extremadura por “antidemocrático”
Vox ha estallado definitivamente en Badajoz después de varios meses de enfrentamiento entre algunos de sus líderes y la dirección nacional del partido ultraderechista. Siete concejales de Vox de tres localidades extremeñas y el que fuera candidato de esta formación a la Junta, Juan Antonio Morales, han anunciado que abandonan el partido por considerarlo “antidemocrático”,
“anticonstitucional”, “sin principios” y que “no se somete al Estado de derecho”.
A través de un comunicado, los siete ediles y el propio Morales, antiguo secretario general del PP en Badajoz, también critican que mientras el partido promulga su intención de acabar con las subvenciones públicas” y con “los chiringuitos” permite al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid pagar a “trece enchufados para asistir a cuatro concejales” madrileños, “un chiringuito montado, por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith”.
Los ediles que han anunciado su marcha del partido son Alejandro Vélez, el único concejal de Vox en una capital de provincia de Extremadura (Badajoz); María Isabel Gragera (concejal en Lobón) y los cinco ediles del municipio de Guadiana, entre ellos el exalcalde Antonio Pozo, quienes pasarán a ser concejales no adscritos en sus respectivos ayuntamientos.
Caso especial es el del grupo municipal de Guadiana (hasta hace poco llamada Guadiana del Caudillo). Se trata de la única población extremeña que tenía grupo municipal de Vox, comandado por el exalcalde Antonio Pozo, quien se hizo famoso hace meses por su rotunda negativa a modificar el nombre de la localidad en aplicación de la ley de Memoria Histórica. Pozo fue galardonado dos veces por la Fundación Francisco Franco y protagonizó un sinfín de manifestaciones en favor del dictador y su obra.
El origen del conflicto no es porque los dimitidos consideren que Vox es demasiado de ultraderecha, sino todo lo contrario. A su juicio, Vox es “un partido sin principios”, que “engaña a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente”, como “hicieron en las elecciones de Andalucía”, para más tarde “renegar de él”.
En el fondo, el conflicto comienza con la expulsión del concejal pacense Alejandro Vélez, durante el cual, según denuncian los ahora dimitidos, fue objeto de “técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales mediante la contratación de detectives privados con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente”.