La purga de Cuevillas
Jaume Alonso-cuevillas, abogado de Puigdemont y diputado de Junts, ha pasado por la Mesa del Parlament como una exhalación. Hace unas tres semanas fue elegido como secretario segundo de dicha Mesa. Y este fin de semana fue purgado y apartado de ella por su partido. Abierto defensor antaño de una política beligerante de la Mesa, Cuevillas optó por la moderación –y la sensatez– al integrarse en ella. Antes del primer debate de investidura, se negó a conceder el voto delegado al exconseller Lluís Puig, residente en Bélgica, evitándose así posibles consecuencias judiciales. Y el pasado viernes pasó de la práctica a la teoría al afirmar que carecía de sentido que la Mesa tramitara propuestas contra la monarquía o por la autodeterminación, ignorando la posición del Constitucional. “¿Tenemos que dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una tontería?”, se preguntó sin tapujos.
La reacción de su partido fue fulminante. Acordó privarle de su puesto en la Mesa y dárselo a Aurora Madaula. Laura Borràs, candidata de Junts el 14-F y ahora presidenta del Parlament, no parece dispuesta a que ninguno de sus cargos de confianza exhiba en adelante criterio propio. Sobre todo, si no coincide con la línea de desobediencia y enfrentamiento elegida por su partido.
Las enseñanzas de este episodio están claras. La primera se presenta en formato de aviso a los navegantes, para decirles que en Junts no se toleran disensiones estratégicas. Hace ya tiempo que el expresident Puigdemont, líder de Junts, apostó por la confrontación con el Estado. Laura Borràs le secunda, ardorosa, en esa línea, con una contundencia que recuerda a la del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cuando advirtió que “el que se mueve no sale en la foto”. Es cierto que esas son decisiones internas del partido, sobre las que quizás habría poco que decir. Sin embargo, la segunda enseñanza que cabe extraer de este episodio viene a confirmar el deseo de Junts de usar la Mesa del Parlament como instrumento de combate contra el Estado. Pese a que los efectos de tal política acarrean costes para quienes la impulsan, como bien saben anteriores miembros de la Mesa. Y pese a que la función de dicha Mesa, en tanto que presidencia del Parlament, no es esa: la primera obligación de la Cámara, que representa la voluntad política del total de los catalanes, es atender los intereses colectivos de todos ellos, sin exclusión.
La instrumentación partidista de la Mesa del Parlament que propone Junts sería criticable en toda hora. Pero en esta coyuntura, agotado el procés, pasados casi dos meses desde el 14-F, tras un par de intentos de investidura del candidato republicano, Pere Aragonès, deliberadamente abortados por Junts, con las negociaciones entre este partido y ERC empantanadas, y con un ramillete de urgencias por delante, esa instrumentación es, creemos, errónea. Tanto en su concepto como en su base. Porque, en lugar de acercarnos, nos aleja de la solución de los problemas de Catalunya. Y porque Junts, tercer partido más votado el 14-F, trata con ella de imponer su criterio a ERC, segundo partido más votado en esa fecha.
Este modo de proceder puede tener también efectos sobre la demorada formación del Govern. Durante semanas, la opción ineludible parecía una nueva coalición entre Junts y ERC, baldía en la pasada legislatura. Pero ayer se sopesaba un posible apoyo a la investidura de Aragonès de Junts, quedándose estos fuera del ejecutivo, y dejándolo en minoría a los republicanos. Así lo han sugerido Jordi Sànchez, secretario general de Junts, y la propia Borràs. Es pronto para afirmar que el guion de la investidura está variando. Pero sea cual sea el desenlace de esta larga escenificación, insistiremos en que enrocarse en disputas de partido cuando todo el país necesita ya un Govern centrado en retos perentorios es una mala idea, que antes o después pasará factura a sus defensores.
Junts no tolera disensiones ni renuncia a usar la Mesa del Parlament como arma de choque con el Estado