Territori exige un calendario para salvar el delta del Ebro
El Govern presenta sus alegaciones al plan del ministerio para proteger el litoral deltaico pidiendo concreción e inversiones de urgencia
El Departament de Territori i Sostenibilitat detalló ayer sus aportaciones a la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica, presentada en febrero, para la protección de la costa del delta del Ebro. El Govern, muy crítico con las actuaciones previstas en el plan estatal, exige en sus alegaciones un calendario para los movimientos de arenas litorales, la actuación más factible a corto plazo ante la emergencia climática, además de inversiones y que se vaya más allá de los estudios preliminares en el reivindicado transporte de sedimentos fluviales hasta la desembocadura del río Ebro.
El posicionamiento de la Generalitat, consensuado en buena medida con la Taula de Consens pel Delta (municipios y regantes) y algunas de las entidades ecologistas, se opone también a las denominadas zonas de “acomodación” planificadas por el ministerio. Se trata de una franja costera con una amplitud de entre 300 y 500 metros entre la ribera de mar y las zonas arroceras litorales para intentar contener los efectos de la crisis climática, con grandes temporales –Gloria (2020) y Filomena a principios del 2021– cada vez más frecuentes.
La creación de esta zona de protección, uno de los aspectos del controvertido plan que genera mayor oposición en el territorio, conlleva la propuesta del ministerio de redefinir el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en las zonas más frágiles del litoral deltaico. El plan estatal apuesta por la adquisición y “naturalización” de entre 500 y 800 hectáreas, la mayoría campos de arroz próximos a la costa. “La franja de acomodación no puede ser, en ningún caso, la solución primera; primero es necesario gestionar los sedimentos”, rebate Territori.
El Govern considera que la franja de acomodación, una política de “renuncia” inaceptable a ojos de los municipios deltaicos, “no es necesaria con carácter general en todo el delta ni en una primera fase; hay que ajustarla a las particularidades de cada sector de la costa”.
Por el elevado impacto que tendría la renaturalización de espacios ya humanizados, dedicados desde hace décadas al cultivo de arroz, Territori sostiene que “antes de plantear una actuación de tal alcance social y económico hay que agotar las otras alternativas”. La Generalitat sí que considera como prioritario y urgente, al contrario, los movimientos de arenas litorales para proteger las zonas más vulnerables (Barra del Trabucador, Illa de Buda o playa de la Marquesa). El plan del Gobierno español prevé movimientos de arenas litorales, aunque sin concretar calendario ni inversiones. Fuentes del ministerio recuerdan que se detallará todo cuando el plan ya esté aprobado, en verano.
El Govern establece además en sus aportaciones, registradas ya en el ministerio, el mismo rango de prioridad a las aportaciones de tierras marítimas que al transporte de sedimentos fluviales, una actuación
Madrid decidirá ahora si modifica su plan para salvaguardar el humedal, azotado por la crisis climática
mucho más compleja y de mayor calado; es esta la solución de futuro según los científicos para intentar frenar la regresión del Delta ante la subida del nivel del mar, pero solo realizable a medio y largo plazo.
Territori critica la “falta de ambición en el plan del ministerio” en lo que se refiere al transporte de sedimentos río abajo. El ministerio incluyó en su plan por primera vez una aportación económica concreta (2,5 millones) para estudiar el tránsito sedimentario. “En un contexto de urgencia, el plan sigue haciendo propuestas de estudios preliminares en lugar de pruebas piloto para pasar a la acción”, reprocha.
“Consideramos igual de necesarias la solución estructural, la de movilizar hasta el mar los sedimentos fluviales retenidos en los embalses, y la solución de urgencia, la de proteger el frente litoral con la translocación de tierras marítimas mientras no lleguen los sedimentos”, dice el conseller Damià Calvet.
El plan del Gobierno, de más de 600 folios, cerrará ahora el período de dos meses abierto para recibir alegaciones. Madrid deberá decidir si incluye o no algunas de las aportaciones de la Generalitat, la Taula de Consens pel Delta, las entidades ecologistas y la Plataforma en defensa de l’ebre (PDE).