El fin del estado de alarma dispara recelos en las autonomías
El Gobierno dice que la ley permite a las comunidades aplicar limitaciones
Las autonomías ya han manifestado sus temores ante el fin del estado de alarma el 9 de mayo, ya que todas las restricciones para controlar la pandemia deberán ser ratificadas por los tribunales. El Gobierno sostiene que la ley actual es suficiente.
La pretensión de Pedro Sánchez de poner fin al estado de alarma el 9 de mayo reaviva la confrontación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que temen quedarse sin una cobertura legal para las restricciones que eventualmente deberán aprobar después de que hayan decaído las limitaciones del Gobierno central. Y el Partido Popular reclama a su vez un armazón jurídico que permita a las comunidades actuar sin el amparo del Estado.
La inquietud de las comunidades se extiende también a algunos presidentes socialistas, porque temen quedar “al albur” de los tribunales para validar las medidas que tengan que adoptar para contener la pandemia.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defendió ayer el fin del estado de alarma, que al ser un mecanismo excepcional no puede ser perpetuo, sino “acotado en el tiempo”. Sin embargo, garantizó que las autonomías dispondrán de “capacidad de respuesta jurídica y política” a partir del fin del estado de alarma gracias a la legislación básica del Estado, a las competencias de las comunidades y a la coordinación del consejo interterritorial de Salud.
“Tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas, no hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el día 10 de mayo, tenemos instrumentos ordinarios que a cada paso que vayamos dando y a cada situación que se vaya presentando, se puedan resolver”, aseguró la vicepresidenta.
“El artículo 116 de la Constitución está para las excepcionalidades, para momentos puntuales, no para convertirlo en la normalidad”, justificó. Calvo lamentó, no obstante, la confrontación política y la reacción contraria del PP, sea cual sea la decisión del Gobierno. “Un día era bueno el estado de alarma y al día siguiente no”, reprochó.
La decisión del Gobierno de dejar decaer el estado de alarma al final del plazo de seis meses por el que se aprobó el ahora vigente no es ajena a las dificultades que tendría el Ejecutivo para renovarlo en el Congreso.
Ante la duda sobre cuál sería la posición de los aliados del Gobierno, la seguridad de que el PP no lo pondría fácil y que las negociaciones deberían desarrollarse en plena precampaña electoral madrileña, el Ejecutivo central ni tan siquiera exploró un posible acuerdo.
En el mismo sentido que Calvo se pronunció, en una comparecencia conjunta en Mérida, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. “Es una decisión lógica, no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad”, defendió.
No obstante, en otras comunidades gobernadas por el PSOE, no son tan favorables a la decisión anunciada el martes por Sánchez. “Será dudoso que podamos tomar según qué decisiones. Estarán al albur de que las validen los TSJ en cada caso”, advierten desde un gobierno autonómico socialista.
“No es un riesgo necesariamente si se gestiona adecuadamente”, asume no obstante un presidente autonómico del PSOE.
En Aragón, donde gobierna el socialista Javier Lambán, alegan que “las comunidades tenemos recursos para hacer frente a las contingencias que vayan surgiendo”. Y resaltan que son la única autonomía que complementó con su propia normativa “el paraguas estatal del estado de alarma”.
En las comunidades gobernadas por el PP, sobre todo las que en su día se mostraron partidarias del estado de alarma, como Castilla y León o Andalucía, creen que pierden un instrumento muy importante. Las autonomías temen depender de lo que decidan los tribunales, con las diferencias de criterios que ya demostraron en ocasiones precedentes.
La única comunidad autónoma gobernada por el PP a la que no le importa el fin del estado de alarma es Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no ve mal su fin. “Pediremos que la justicia avale las medidas que estamos tomando”, afirmó ayer.
Las comunidades gobernadas por los populares coinciden en criticar al Gobierno por no haber sido informadas antes. Una situación que llevó al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a solicitar la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes. Sobre este aspecto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, subrayó que hubiera sido sensato que el Gobierno hubiera hecho partícipe de sus intenciones a las comunidades autónomas, ya que la lucha contra la pandemia recae en ellas.
Otro de los reproches contra Sánchez reside en la necesidad de
ARMAZÓN JURÍDICO
Las comunidades del PP coinciden en pedir un marco legal para sus medidas anticovid
FALTA DE INFORMACIÓN
Feijóo reclama que se reúna de forma urgente a la conferencia de presidentes
PREOCUPACIÓN
Gobiernos regionales del PSOE también temen quedar desamparadas
haber dotado, antes de tomar cualquier decisión sobre el estado de alarma, de instrumentos jurídicos en los que poder sustentar sus medidas restrictivas para luchar contra la pandemia. Una posición, que defiende la dirección nacional del PP, que ya el pasado mes de agosto reclamó a Sánchez.
A esta cuestión, precisamente, se refirió el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que no se opone a que termine el estado de alarma, pero sí a que acabe “sin un plan jurídico, ley o herramienta que permita a las comunidades autónomas tomar medidas”.
También desde la presidencia de Castilla y León se recordó que Alfonso Fernández Mañueco lleva casi un año pidiendo un instrumento jurídico intermedio que permita actuar de forma ágil contra el virus, sin recurrir al estado de alarma.