Una tutela judicial llena de contradicciones
Las autonomías deberán solicitar permiso para aplicar limitaciones
El final del estado de alarma el próximo 9 de mayo va a redoblar la presión en los tribunales que tendrán que estudiar y autorizar las posibles limitaciones que pretendan acordar las comunidades autónomas. Desde diversos sectores judiciales se prevé un choque de resoluciones contradictorias sobre la capacidad y alcance de las medidas que puedan aplicar las autonomías para evitar la propagación de la covid a partir del próximo mes.
Según expertos del área contencioso-administrativo, sin la figura en vigor del estado de alarma es altamente problemático que se puedan fijar toques de queda o cierres perimetrales, al tratarse de limitaciones de derechos fundamentales especialmente protegidos y recogidos en la Constitución. De hecho, está en duda tan siquiera que se pueda decretar este tipo de actuaciones porque la ley orgánica de Salud Pública, del año 1986, no contempla estas limitaciones de manera general, sino que se contemplan para situaciones concretas.
No obstante, no es descartable que desde las administraciones regionales se basen en esta ley, o algunas otras como la de Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana o Protección Civil, para intentar seguir con los toques de queda o cierres de localidades, provincias o incluso de toda una comunidad. Todas estas decisiones deben obtener previamente una autorización judicial y, ahí, es donde podrían comenzar los choques.
Los órganos encargados son los tribunales superiores de justicia de cada comunidad. Con el estado de alarma activado se han producido decisiones contradictorias entre distintos tribunales sobre acuerdos similares, una situación que provocó que dependiendo de la comunidad los límites, por ejemplo horarios, se aceptaran o no.
Ante las posibles solicitudes, los tribunales primero tendrán que valorar si estas afectan a derechos fundamentales. En caso afirmativo, entonces se estudiará si existe alguna ley orgánica que permita, sin estado de alarma, proceder a aplicar esas restricciones.
En el caso que los acuerdos que se pretendan imponer no afecte a derechos fundamentales no hará falta resolución judicial. Es el caso de, por ejemplo, la limitación de aforos, cierres de locales de ocio o diversas
Los distintos tribunales deberán analizar si existen leyes que permitan las restricciones
actividades en vía públicas.
Toda esta situación judicial, que se teme se va a complicar a partir de mayo, se une a los recursos que todavía están pendientes de resolver en el Tribunal Constitucional. El partido Vox, que lidera Santiago Abascal, recurrió tanto el primer estado de alarma acordado por el Gobierno, con el apoyo del Congreso de los Diputados, en marzo del 2020, como las distintas prórrogas.
El tribunal de garantías deberá adentrarse en su sentencia sobre si las limitaciones establecidas por el Ejecutivo y que afectaron a los derechos fundamentales, como el de libre circulación, estuvieron justificadas.