Iceta quiere reformar el sector público para reducir la temporalidad
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, prepara una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, la ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores y la administración para las que trabajan, con el objetivo de reducir la temporalidad de los empleos.
La interinidad en el sector público alcanza, según el informe semestral del Registro de Personal al servicio de las administraciones, al 22% del total de 2,5 millones de trabajadores. La temporalidad es especialmente importante en sectores sensibles, pero con grandes contingentes de trabajadores como es la educación o la sanidad.
En estas áreas, que generalmente dependen de las comunidades autónomas, la temporalidad puede llegar a superar el 40%. Si se analiza su impacto en tramos de edades se observa que el porcentaje de empleos precarios en la administración pública alcanza cotas muy superiores a este 22% entre los trabajadores menores de 40 años.
La aprobación de esta ley no será pacífica, dado que afectará a las políticas de contratación de las comunidades autónomas en las que el porcentaje de empleados temporales es mucho más alta que en la administración central y local.
Una revisión de este marco legal obligaría a estas administraciones a revisar sus contratos con miles de trabajadores, o a renovarlos con otra fórmula, lo que redundará en un mayor compromiso de recursos en su sostenimiento.
Solo una comunidad autónoma, la vasca, ha emprendido una reforma de su administración y uno de sus objetivos más ambiciosos fue precisamente la reducción de la temporalidad en el empleo, un objetivo que no ha llegado a cumplirse y, en el caso del sector de la educación, ni tan siquiera se ha planteado.
No obstante y pese a la conflictividad de la iniciativa, desde que llegó al ministerio hace apenas unos meses, el ministro Miquel Iceta ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de revisar el marco legal del empleo público para reducir la temporalidad.
España no va a tener más remedio que hacer frente a este problema, entre otras razones, por que la Unión Europea lo ha impuesto como una de las condiciones para acceder a los recursos para la reconstrucción tras la pandemia. La Unión considera que la precariedad laboral en España no es solo responsabilidad del sector privado, también lo es del sector público.
En paralelo hay numerosas sentencias judiciales, incluidas algunas del Tribunal Supremo, que han condenado a la administración por el abuso de las fórmulas de contratación temporal para ocupar y desarrollar funciones que son estables.