Conde-pumpido se abstiene de las causas del ‘procés’ en el Constitucional
El magistrado se aparta voluntariamente tras la recusación de Puigdemont
El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-pumpido decidió ayer apartarse de manera voluntaria de cualquier resolución que tenga que ver con las causas del procés, principalmente en lo relativo a los recursos presentados por lo condenados por sedición por el referéndum del 1 de octubre de 2017 por el Tribunal Supremo.
El magistrado progresista, que ocupó en la época de José Luis Rodríguez Zapatero el cargo de fiscal general del Estado, comunicó ayer al presidente del tribunal, Juan José González Rivas, su decisión de no tomar partido en el estudio y votación de los recursos presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsellers condenados. También queda apartado de estudiar cualquier recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que actualmente se encuentra procesado en la causa y a la espera de que la Justicia europea decida si debe ser entregado a España para su enjuiciamiento.
La decisión de Conde-pumpido fue notificada al tribunal ayer y se produjo a raíz de la recusación planteada por Puigdemont. De esta manera, el magistrado trata de proteger al tribunal frente a los recursos que llegarán de los condenados a la justicia europea, en particular al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La salida de Conde-pumpido se añade a la del magistrado Antonio Narváez, que también decidió apartarse voluntariamente de todas las resoluciones vinculadas al procés tras la recusación planteada por varios condenados por sedición por el 1-O. De hecho, ambos eran los miembros del grupo conjunto que se había formado junto a letrados para elaborar los textos el procés y así unificar doctrina. A partir de ahora, será cada magistrado ponente el que deberá finalizar los trabajos, aunque fuentes del órgano aseguran que éstos están ya muy avanzados. El Pleno ya ha votado y resuelto dos de los recursos, el de los exconsellers Meritxell Borràs y el de Carles Mundó. Estas fuentes afirman que la siguiente ponencia en ser votada para dictar sentencia será la relativa al exconseller Jordi Turull.
Conde-pumpido y Narváez se han apartado a pesar de que consideran que no existe causa real de abstención, por sus palabras en diferentes conferencias sobre la situación en Catalunya en el 2017. Sin embargo, han entendido que para evitar perjudicar al tribunal y de cara a una futura resolución del TEDH es mejor quedarse al margen de las resoluciones. Ahora, el tribunal quedará con nueve magistrados para el estudio de las sentencias del procés, dado que tras la salida de Fernando Valdés el TC cuenta con solo once miembros.
En su escrito de abstención enviada al presidente del tribunal, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, Conde-pumpido explica que de su intervención pública sobre la situación catalana no pretendió “anticipar un juicio de culpabilidad penal sobre las decisiones parlamentarias en Catalunya, sino únicamente dar cuenta de su ilegitimidad constitucional”.
Concretamente, dijo en aquel discurso realizado el 23 de noviembre del 2017, que “lo que me preocupa, concretamente, es la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia. Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan (...)”.
Para Conde-pumpido estas palabras no son motivo de recusación porque las decisiones de Parlament sobre las leyes de desconexión ya habían sido declaradas “constitucionalmente ilegítimas”.
No obstante, y aunque entiende que no hay ningún motivo de recusación, señala que es “consciente de que, en algunas de las ocasiones patológicas, las pretensiones de recusación sobrevenidas a la atribución a un juez de un caso concreto pueden ser parte de una estrategia procesal dirigida a retrasar la resolución, a minar la legítima confianza de los ciudadanos en el ejercicio de la jurisdicción o, en fin, a intentar apartar del conocimiento al juez predeterminado por ley”.
No obstante, se aparta “con el propósito de reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad de Tribunal Constitucional en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.
UN PLENO REDUCIDO
La baja de dos magistrados en las causas del 1-O deja al tribunal en solo nueve
EL ESCRITO
“La recusación forma parte de una estrategia para minar la confianza de los ciudadanos”