Francisco J. Contreras
Diputado de Vox
El diputado negó ayer la gravedad del cambio climático con un argumento que evidencia su ignorancia y desprecio por el asunto: “Que se caliente un poco el planeta, reduciría las muertes por frío. Hoy fallecen más personas de frío que de calor”.
Las grandes empresas españolas también deberán implantar planes de acción climática. Estas compañías deberán calcular la huella de carbono y publicar informes sobre sus emisiones de gases invernadero, mientras que el Gobierno tendrá un año para determinar a qué compañías les afecta esta medida y el tamaño de las que estarán sujetas a la citada obligación.
Las empresas que resulten involucradas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases; y en este documento deberán incluir un objetivo de reducción de gases en cinco años, junto con medidas para su consecución. Así, lo recoge la ley de Cambio Climático que obtuvo ayer la luz verde en el Congreso de los Diputados. La texto será remitido al Senado; y si no se aceptan nuevas enmiendas, quedará aprobada en unos 20 días sin necesidad de que vuelva el Congreso.
Las nuevas obligaciones para las empresas van mucho más allá de las que tenían contraídas hasta ahora, circunscritas a las normas comunitarias que regulan el comercio de emisiones a unas 1.200 instalaciones, como térmicas, cementeras, siderurgia, vidrio, papel…).
La enmienda incidirá sobre la actividad de empresas públicas. Ahora de 25 grandes empresas públicas o con participación pública analizadas, solo 7 tienen metas para reducir sus emisiones; y 14 de ellas informas sobre sus emisiones. Así lo indicó hace unos días Juan Carlos Arredondo, de la organización Vivid Economics. en una jornada organizada por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Para este experto, esta carencia de planes de acción climática “suena a contradicción”, puesto que, si España y su Gobierno se han comprometido en la lucha contra el calentamiento, lo lógico sería que “sus” empresas públicas actuaran en consonancia.
El texto de la ley mantiene la previsión de prescindir de los vehículos de combustión interna en el año 2040 (gasolina, diésel e híbridos no enchufables) y prohíbe las nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos, incluidas las zonas costeras. Uno de los asuntos que ha suscitado más debate han sido las enmiendas de Más País Equo, que juzgó insuficiente la reducción de emisiones acordada (del 23% para el 2030 respecto a 1990). Tras la mediación de UP, se acordó revisar al alza este objetivo en 2023.
La ley persigue alcanzar la plena descarbonización antes del 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable. Veta el fracking y refuerza la protección de la costa frente a la subida del mar. También apoya la recarga de los vehículos y crea un comité de expertos en materia de cambio climático. Impulsada por UP y PSOE, el texto ha contado con el apoyo de ERC, Bildu, PNV, Teruel Existe y Cs. El PP y Más País se abstuvieron y Vox votó en contra. Precisamente el diputado de este partido, Francisco José Contreras, dijo durante el debate que la subida temperatura del planeta “no será el fin del mundo” y añadió que “si se calienta un poquito el planeta, se reducirán las muertes por frío”.
Impulsada por UP y PSOE, el texto ha contado con el apoyo de ERC, Bildu, PNV, Teruel Existe y Cs