Astrazeneca y sus efectos adversos
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha confirmado, tras una investigación sobre 86 personas, que “hay posibles vínculos” entre la vacuna contra la covid de Astrazeneza y algunos de los casos de trombosis que se han detectado en un mínimo porcentaje de quienes se la han inyectado. Sobre 34 millones de vacunados en toda Europa solo se han producido 222 casos de coágulos sanguíneos y la mayor parte de ellos han tenido solución médica. Pese a su bajo impacto, la EMA ha dictaminado que la posibilidad de trombosis debe considerarse como uno de los efectos adversos de dicha vacuna y que, como tal, debe figurar como advertencia en sus prospectos para conocimiento general, al igual que se hace en todos los medicamentos. Pero, dicho esto, la citada agencia concluye que los beneficios que comporta esta vacuna como protección de la covid son superiores al riesgo que conlleva, ya que es muy efectiva para salvar vidas. Eso se ha demostrado ya ampliamente en el Reino Unido, que es el país más avanzado en su aplicación.
El dictamen de la EMA, sin embargo, deja muy abierta la decisión sobre el uso de la vacuna de Astrazeneca, tanto para los gobiernos como para cada ciudadano. De entrada, la reunión de los ministros de Sanidad de la UE celebrada el miércoles no fue capaz de adoptar una decisión común. Este hecho ha propiciado, como es habitual en el seno de la Unión, que cada país empiece a adoptar criterios por su cuenta. Lo lógico es que fueran coincidentes, pero no es así.
La decisión política más coherente debería ser aquella que permita salvar más vidas. En este sentido, la Unión Europea no se ha planteado renunciar a la vacuna de Astrazeneca, a causa de sus efectos adversos minoritarios, por la sencilla razón de que no puede sustituirla por otra, ya que no hay alternativas posibles, y porque es de la que mayor número de dosis dispone para combatir la pandemia de la covid. En este escenario, sin embargo, algunos países, como Alemania, Finlandia, Bélgica, Holanda y la propia España, entre otros, han decidido suspender la vacunación de las personas de menos de 60 años, porque en ellas se han producido más casos adversos. Ayer, además , el comité español de salud pública acordó limitar la vacuna de Astrazeneca entre dicha edad y los 69 años. Todas esas decisiones, sin embargo, se han adoptado sin que la EMA haya logrado confirmar que los factores de edad, sexo o historial médico de las personas que la han recibido hayan influido en que se produzca el efecto adverso de la trombosis.
Otra duda que suscita la vacuna de Astrazeneca gira en torno a lo que deben hacer las personas menores de 60 años que han recibido ya la primera dosis y que están a la espera de la segunda. ¿Deberán ponerse esta segunda dosis o bien limitarse a la que ya han recibido? ¿Sería adecuado utilizar otra vacuna para la segunda dosis? Nadie ha dado todavía respuesta a estas preguntas, al menos en España. El problema es relevante en toda Europa. A España, por ejemplo, le corresponden doce millones de dosis de esta vacuna, de las que se han suministrado 3,2 millones a las autonomías, que a su vez han administrado ya 2,1 millones de primeras dosis.
Los problemas surgidos con la vacuna de Astrazeneca, aunque tengan una incidencia mínima, han provocado otro efecto adverso: la lógica inquietud entre la población y el riesgo de que aumente el número de personas reacias a inmunizarse, al menos con esta vacuna. El mayor riesgo para la salud pública, en cualquier caso, es retrasar las campañas de vacunación, ya que ello incrementa el riesgo de muertes, según la mayoría de expertos. El cumplimiento de los planes de vacunación anunciados por el presidente Sánchez, en este sentido, depende de la vacunación con Astrazeneca.
Las autoridades sanitarias europeas, y en todo caso las españolas, deberían buscar el consenso médico y científico necesario sobre la mejor utilización de la vacuna de Astrazeneca y establecer directrices claras para la población en su campaña de vacunación, con objeto de poner fin al estado de confusión e inquietud que se ha generado.
Las autoridades sanitarias deben buscar el consenso científico sobre la mejor utilización de la vacuna