Barcelona revisará las sanciones por compartir piso
Particulares que esporádicamente alquilaron una parte o todo su piso habitual denuncian multas desproporcionadas
El Ayuntamiento de Barcelona revisará muchas de las multas interpuestas durante los últimos años a centenares de particulares por alquilar por días habitaciones o la totalidad de la vivienda donde en principio residen de manera habitual. Son sanciones de como poco 60.000 euros. Algunas de ellas ya están derivando en procesos de embargo de cuentas bancarias. Muchos afectados denuncian que la respuesta del Consistorio es del todo desproporcionada, que estos procesos les están destrozando la vida poco a poco, que ellos nunca se comportaron como tantos mafiosos y especuladores dedicados de manera sistemática y profesional a alquilar o subarrendar por días pisos a turistas, durante todo el año y sin ningún tipo de permiso de las administraciones.
Que ellos simplemente alquilaron su piso mientras estaban fuera de vacaciones o una habitación para llegar de una manera más desahogada a fin de mes. Hace más de un año que estos afectados reclaman una suerte de amnistía, un punto de inflexión. En estos momentos alrededor de 250 personas montan esta reivindicación. Unas pocas semanas atrás pusieron en marcha una campaña de denuncia.
“Hemos acordado un espacio de trabajo conjunto para estudiar uno a uno los casos que nos hagan llegar y dar una respuesta individualizada –apuntaron ayer fuentes del Consistorio–, dando prioridad a los casos que presenten una situación soron cial más delicada. Y si detectamos cualquier cosa que debamos revisar o corregir, evidentemente lo haremos”. En todo caso, las fuentes también subrayaron que “hay que recordar que el Ayuntamiento abre procedimientos disciplinarios a viviendas de uso turístico cuando se comprueba que se hace un uso irregular y no ajustado a lo que permite la normativa vigente”.
Es que hace pocas semanas unos cuantos afectados arrancaron en las redes sociales una campaña de denuncia de su situación. La Associació d’afectats pel conflicte entre el Ajuntament de Barcelona i Airbnb nació hace ya unos cuantos años, pero en los últimos meses, a medida que la gente sancionada durante el 2018 y el 2019 ve cómo los embargos se avecinan, la entidad se está relanzando. Y como entre ellos se encuentran un montón de publicistas, periodistas, realizadores y muchísimos autónomos hicieron unos vídeos muy contundentes que llamala atención hasta del propio Ayuntamiento.
“Estas sanciones inasumibles están llevando a cientos de personas a una situación de riesgo social –abundan en la asociación–. Algunos están al borde de la ruina. La mayoría asegura que recibió la multa en fase de ejecución sin una notificación previa. Algunos denuncian expedientes redactados con un afán claramente recaudatorio. En su política contra los pisos turísticos el Ayuntamiento está empleando el mismo rasero para sancionar a vecinos y a fondos buitre. Pero estamos muy satisfechos de nuestro encuentro con el Ayuntamiento. Esperamos que revisen cuanto antes los 70 expedientes más delicados. Allí encontrarán mucha situaciones de vulnerabilidad. Y nueve personas ya tienen sus cuentas embargadas”.
De todas formas, que el Ayuntamiento se avenga a revisar algunos de estos procesos no quiere decir que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau esté replanteándose sus políticas en torno a estas actividades.
El Consistorio estudiará los casos más delicados, pero no cambiará su política contra el alquiler de habitaciones
El gobierno de Colau entiende que esta actividad puede disparar la oferta de alojamientos turísticos
De hecho, el gobierno municipal está bien resuelto a acabar con ellas. A principios de año la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ya anunció que el gobierno municipal planea prohibir el alquiler de habitaciones por periodos inferiores a un mes, que confía en que este veto sea efectivo durante este agosto, que de este modo se lucha contra la gentrificación. El pasado verano la Generalitat aprobó un decreto que incluye los hogares compartidos como nueva modalidad de alojamiento turístico. Este decreto, sin embargo, también faculta a los ayuntamientos a elaborar la correspondiente ordenanza. El ejecutivo de la alcaldesa Colau entiende que, de no poner freno a los pisos compartidos, la oferta de alojamiento turístico de Barcelona se disparará de una manera desproporcionada y peligrosa. Hasta 670.000 casas podrían acoger turistas, argumentó entonces la teniente de alcalde.