El Ejecutivo ultima traspasos a autonomías en espera de Catalunya
Las primeras transferencias serán las de prisiones a Euskadi y costas a Canarias
El Gobierno está ultimando nuevos traspasos de competencias al País Vasco y Navarra, Canarias o Baleares, mientras sigue a la espera de que se conforme un futuro Govern, tras las elecciones del 14-F, para poder reabrir la carpeta de transferencias pendientes a Catalunya.
Desde que asumió el cargo de ministro de Política Territorial y Función Pública, a finales del pasado mes de enero, Miquel Iceta ya se reunió en marzo con la consejera de gobernanza pública del Gobierno vasco, Olatz Garamendi, para poder culminar el primer bloque de transferencias acordado entre Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu al inicio del año, entre ellas y singularmente la de prisiones. El ministro mantuvo además el pasado martes su primera reunión con un presidente autonómico, el canario Ángel Víctor Torres, para activar la constitución de la comisión bilateral estatutaria entre el Estado y Canarias y ultimar el traspaso de la competencia de ordenación y gestión del litoral. La de las prisiones al País Vasco y el litoral a Canarias serán las primeras transferencias que se culminarán en el 2021, en este segundo trimestre del año, según las previsiones de Política Territorial.
El amplio paquete de transferencias en negociación con el País Vasco, además de las instituciones penitenciarias que se contempla cerrar este mismo mes, también incluye la gestión del ingreso mínimo vital, los servicios privados de seguridad, el transporte por carretera, la asignación del sistema de normalización e identificación de libros ISBN e ISSN, o la ordenación y gestión del litoral, entre otros. A su vez, la negociación con Canarias contempla, además de las costas, la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados. La previsión es que Iceta acuda al archipiélago el próximo mes de junio para sellar el primer traspaso.
Además, el Ministerio de Política Territorial también está trabajando para culminar la transferencia de las competencias en materia de tráfico y sanidad penitenciaria a Navarra, e igualmente de esta última cuestión para Baleares. En todos los casos, no obstante, se trata de procedimientos largos y complejos, que requieren mucho intercambio de informes y propuestas entre Política Territorial, los ministerios implicados y las respectivas comunidades autónomas.
Tras varios años de nula o mínima aprobación de nuevos traspasos de competencias del Estado a las comunidades autónomas, entre el 2015 y el 2019, la conformación del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez logró reactivar los trabajos pendientes y el ejercicio 2020, pese a la irrupción de la pandemia del coronavirus, se cerró ya con seis nuevas transferencias aprobadas, según los datos del Ministerio de Política Territorial. En concreto, tres al País Vasco, dos a la Comunidad Valenciana y una también a Catalunya, aunque en realidad se trató de la ampliación de los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de Justicia, que actualizó un traspaso ya producido en 1990.
Mientras Catalunya sigue sin gobierno, las hojas del calendario siguen cayendo y los foros de negociación bilateral están, en la mayoría de los casos, aparcados. La última reunión de la comisión bilateral Generalitat-estado tuvo lugar el 1 de agosto del 2018, entonces presidida por la ministra Meritxell Batet y el conseller Ernest Maragall. Pedro Sánchez y Quim Torra se comprometieron a reactivarla inmediatamente tras la cita que mantuvieron en el Palau de la Generalitat en febrero del 2020, pero entonces irrumpió la pandemia y luego la sucesión de acontecimientos políticos en Catalunya que desembocaron en las últimas elecciones. La comisión mixta de asuntos fiscales tuvo su última cita en septiembre del 2018, y la bilateral de infraestructuras en octubre de ese mismo año. La comisión mixta de transferencias, en cambio, se reunió por última vez en noviembre del 2010. Hace casi once años.
La comisión mixta de transferencias entre el Estado y la Generalitat no se reúne desde hace casi once años