Marín niega connivencia y pedirá el archivo de su causa
La alcaldesa de l’hospitalet defiende ante la juez que no actuó de forma pasiva en el caso de corrupción del Consell Esportiu
La legislatura que se vislumbraba más plácida con el respaldo de la mayoría absoluta se ha convertido en la etapa más complicada de Núria Marín, que ayer declaró ante el juzgado de instrucción número 2 de l’hospitalet de Llobregat en calidad de investigada por malversación de caudales públicos, prevaricación y omisión de perseguir el delito por el presunto caso de corrupción en el Consell Esportiu de la segunda ciudad de Catalunya. La juez trata de esclarecer si la alcaldesa actuó en connivencia con los principales sospechosos de desviar subvenciones públicas a fines personales a través de documentación mendaz, como por ejemplo falsificación de actas o presupuestos incompletos, con una diferencia de casi medio millón de euros entre los que se aprobaban en asamblea y los que se ejecutaban. Marín no solo lo negó, sino que defendió que actuó cuando le informaron de los posibles hechos delictivos.
Al finalizar su interrogatorio, en el que contestó a todas las preguntas, anunció que solicitará el archivo de su causa. Es decir, reclamará dejar de ser investigada. Su futuro político depende de ello. El caso está en fase de instrucción, pero si se abre juicio oral y continúa como investigada es más que probable que se vea obligada a dimitir. Marín también es la presidenta del PSC y forma parte de la ejecutiva del PSOE. Ante la prensa, y esta vez sin atender a cuestiones, remarcó que actuó “con legalidad y asesorada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.
Fuentes jurídicas presentes durante el interrogatorio explican que Marín negó la pasividad de la que le acusa el concejal que llevó el caso ante la justicia, el también socialista Jaume Graells. La alcaldesa recordó todos los pasos que dio desde que Graells le alertó el 3 de febrero del año pasado. Reconoció que trató de “contrastar” versiones con la otra parte, los también ediles del PSC Cristian Alcázar y Cris Plaza, ambos investigados y que formaban parte del Consell Esportiu. Pero recordó que se instó a llevar a cabo una auditoría a fondo de la entidad, que no tiene una vinculación orgánica con el Consistorio, y que el auditor ya estaba trabajando “antes de finalizar el mes de febrero”. También expuso que aceptó la petición de Graells de estar presente en el equipo que revisó el proceso.
No obstante, fuentes de la acusación popular cuestionan si la actitud de Marín fue suficientemente diligente. Exponen que aunque el 4 de febrero el tema de la auditoría estaba “verbalmente acordado” pasaron semanas hasta que arrancó. También cuestionan si debió “apartar cautelarmente” a los principales implicados. En uno de sus autos, la juez plantea la posibilidad de la colaboración de Marín con Plaza y Alcázar. Lo argumenta a través de mensajes de Whatsapp de los ediles donde se vanaglorian de tener el apoyo de la alcaldesa. Por eso se autorizó a la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a realizar el volcado del teléfono de la también presidenta de la Diputación de Barcelona. Sin embargo, el informe de la UDEF todavía no se ha entregado. “Parece que no hay cosas relevantes”, interpretan desde la defensa de Marín. No es el único informe pendiente, así que es posible que todo se alargue. Con todo, la defensa de la alcaldesa considera que tiene elementos suficientes como para pedir su archivo.
La UDEF no ha entregado el informe sobre la información del móvil de la presidenta de la Diputación