El fin del estado de alarma no acabará con las restricciones
• Las autonomías requerirán aval judicial para toques de queda, cupos en reuniones o cierres • El Govern modificó la ley de Salud catalana con el fin de poder limitar la movilidad y la actividad
Aunque requerirán aval judicial para toques de queda o cierres, las autonomías podrán seguir imponiendo restricciones tras el 9-M, cuando acabe el estado de alarma.
• Las diferencias entre regiones en cuanto a limitaciones podrían agravarse a partir del 9 de mayo
De acuerdo con el anuncio efectuado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de mayo se pondrá punto y final al actual estado de alarma, decretado el 25 de octubre del 2020 y ampliado poco después por un periodo de 6 meses que concluye el 9 de mayo. Todavía en medio del chaparrón vírico, y esperando que amaine a medida que crece el ritmo de vacunación, España cerrará su principal paraguas jurídico para el control de la pandemia. Se abre un nuevo escenario en el que las comunidades autónomas tomarán las riendas, con el permiso de los tribunales, que deberán validar las restricciones que afecten a los derechos fundamentales.
¿Qué va a pasar a partir del 9 de mayo? Diversos presidentes autonómicos han mostrado sus discrepancias con la idea de Pedro Sánchez, argumentando que el cese de la excepcionalidad constitucional deja a los territorios sin marco legal para imponer restricciones a la movilidad como los toques de queda. Efectivamente, esta medida fue la principal novedad del actual estado de alarma y su caída, después de más de seis meses en vigor, puede resultar estruendosa.
En Catalunya, la Generalitat está a la expectativa, rememorando lo ocurrido en junio, cuando decayó el primer estado de alarma (14 de marzo a 21 de junio del 2020) después de una fase coordinada de desescalada, y algunas decisiones judiciales tumbaron medidas propuestas por el Departament de Salut. Fuentes del Govern aseguran que la extinción del actual estado de alarma no impide, de acuerdo con la ley catalana de salud pública, “la adopción de medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”.
Sin embargo, fuentes de Protecció Civil, el organismo encargado de dictar las restricciones a propuesta de las autoridades sanitarias, recalcan que “será necesaria la autorización o ratificación judicial por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de las medidas que se adopten de acuerdo con la legislación sanitaria que impliquen una limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
El primer efecto del decaimiento del estado de alarma podrá ser la disparidad de criterios entre comunidades a la hora de establecer las restricciones en función de las lecturas de los datos epidemiológicos. Una diferencia que ya existe entre Madrid, en el rango mínimo de restricciones y sin perímetro autonómico, y otros territorios, pero que podrá acentuarse. Por ejemplo, el toque de queda, la medida estrella del actual estado de alarma, pasará a depender de las autonomías. Eso sí, tendrían que contar con ratificación judicial, puesto que los tribunales superiores de justicia se encargarán de dictaminar, en cada caso, si la protección de la salud pública justifica la limitación de derechos fundamentales.
Así, se volverá a la situación del verano pasado, cuando se dictaron resoluciones judiciales divergentes entre territorios sobre supuestos muy similares. Con los jueces convertidos en árbitros de la pandemia, encargados de interpretar la situación y la tendencia de los datos epidemiológicos para decidir respecto a la pertinencia de las medidas propuestas por los especialistas.
Lo mismo ocurre con otras medidas incorporadas al estado de alarma, como la limitación del número de personas en la reuniones (derecho a la reunión) o los cierres perimetrales (derecho a la movilidad). En la misma tesitura se encontrarán las limitaciones de aforo y horario en el comercio, la restauración, los recintos culturales, deportivos o religiosos. Como autoridades delegadas, los presidentes autonómicos han podido intervenir en estas materias bajo el paraguas del estado de alarma. A partir del 9 de mayo podrán seguir haciéndolo acogiéndose a la ley general de Sanidad de 1986, según
la cual las autoridades autonómicas podrán adoptar las medidas oportunas para el control de las enfermedades transmisibles.
En el escenario más probable, y ante la convicción del Gobierno de que los instrumentos legislativos existentes son suficientes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud intentará fijar un marco común de medidas y los territorios que requieran restricciones más duras buscarán el aval de los tribunales.
Según fuentes del Departament de Salut, la extinción del estado de alarma no tiene por qué suponer una merma en las medidas contra la transmisión de la pandemia y el Govern no se sentirá coaccionado a la hora de decidir las restricciones según criterios sanitarios. Y la tendencia en Catalunya, con la ocupación de las ucis en niveles preocupantes, no hace intuir relajaciones. Es decir, difícilmente a partir del 9 de mayo caerán el confinamiento del territorio o el toque de queda o la recomendación de priorizar el teletrabajo. En este sentido, con motivo de la extinción del primer estado de alarma, el Govern modificó la ley de salud del 2009 introduciendo que, en situaciones de pandemia declaradas, “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales” a partir de un informe del director de Salut Pública. “El establecimiento de las medidas mencionadas deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta siempre la menor afectación a los derechos de las personas, y siempre que sea posible, deberán ajustarse territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad”.
CATALUNYA
La Generalitat no augura una merma en los instrumentos de control de la pandemia
EL PRECEDENTE
Entre los dos estados de alarma los tribunales dictaron resoluciones divergentes