La república de Waterloo
El Consell per la República que lidera Puigdemont es legalmente la combinación de una fundación y dos asociaciones belgas
Nació con el objetivo de escapar a cualquier 155, por lo que instaló su base legal en Bélgica y actúa básicamente a través del mundo virtual. Después de dos años y medio de discreta existencia, cuando Junts lo colocó como condición para un acuerdo de gobierno, el Consell per la República ha asumido un protagonismo que nunca había disfrutado. Para aprovechar el viento a favor, el Consell ha puesto en marcha la Identidad Digital Republicana, con su código QR, con más valor simbólico que utilidad práctica.
Son 94.000 los inscritos en el Consell per la República, y con un fuerte aumento de las altas en los últimos días, según indican fuentes próximas. Se constituyó en el Palau de la Generalitat en octubre del 2018, como fruto del acuerdo de investidura de Quim Torra, y se autocalifica como “la primera piedra de un nuevo Estado independiente de Europa, que es Catalunya”. Dice querer representar a todos los independentistas, pero desde el principio ha sido claro el dominio de Carles Puigdemont y, consecuentemente, la desconfianza de ERC, que la ha llevado a distanciarse cada vez más del organismo, hasta congelar su presencia.
Para huir del marco legal español, el Consell per la República evita la base legal en la Península, por lo que se ha constituido como entidad sin ánimo de lucro en Bélgica. Y lo ha hecho con tres denominaciones: la de Consell per la República, y las de Catcip y Catglobal, dos asociaciones que le proporcionan servicios. En ocasiones, son estas denominaciones las que aparecen al efectuar el pago al darse de alta.
Es, por tanto, la combinación de una asociación privada en Bélgica, con sede en Waterloo, con el objetivo de participar activamente en la vida política catalana. Respecto al presupuesto, no facilitan detalles, pero los ingresos llegan exclusivamente a base de las cuotas de inscripción obligatorias (10 euros), las cuotas periódicas y aportaciones voluntarias (variables), además de, últimamente, los pagos por obtener la identidad digital republicana (12 euros en formato físico, tarjeta de bambú, y 6 por el digital).
Más de 94.000 inscritos suponen un ingreso puntual cercano al millón de euros, a los que hay que sumar las cuotas voluntarias regulares que fuentes del Consell calculan que aportan más de un tercio del total de los socios. Suficiente presupuesto para mantener a seis personas con dedicación plena, algunas en Bélgica y otras en Barcelona, además de un informático con dedicación parcial.
Es el personal técnico al servicio del consejo de gobierno, que es el órgano de dirección política de la entidad. Doce miembros en los que se refleja el dominio de su presidente, Puigdemont, que es quién dispone de la capacidad para nombrarlos y destituirlos, y que tiene como participantes natos a miembros del gobierno de la Generalitat destituidos al aplicar el artículo 155. Antoni Comín es el vicepresidente, y también participan otros dos otros exconsellers reclamados por la justicia española, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
También figuran Elisenda Paluzie, de la ANC; Antoni Castellà, de Demòcrates, y Aurora Madaula, de Junts. La CUP no está representada como tal, aunque participa Guillem Fuster, coordinador de Poble Lliure, una de sus organizaciones.
El único representante de ERC en el consejo de gobierno es Isaac Peraire, vicesecretario general de coordinación interna del partido, aunque ha “congelado” su participación.
Antes de la última campaña electoral catalana, Peraire planteó interrumpir la actividad política del Consell per la República para preservar su independencia, visto que ERC, Junts y otras fuerzas independentistas entraban en la carrera electoral. “Me quedé solo”, afirma Peraire al comentar la negativa que obtuvo su propuesta, por lo que, desde ese momento, ha mantenido su participación paralizada, es decir, no ha participado en ninguna reunión ni debate. “El Consell no ha representado la pluralidad del independentismo, tal vez tampoco era su objetivo”, dice Peraire, aunque añade que puede ser un instrumento para la independencia. Peraire duda de que el papel protagonista del Consell sea un auténtico obstáculo en el pacto de gobierno y lo considera más bien una excusa para entorpecer el proceso. El distanciamiento de ERC respecto al Consell ya apareció desde el principio y se ha ido agrandando con el tiempo. Meritxell Serret, hasta hace pocas semanas delegada de la Generalitat en la Unión Europea, no formó parte del Consell per la República, a pesar de ser exconsellera, y lo ha criticado por tener “un sesgo partidista que lo ha debilitado”. Por cierto, Peraire fue el conductor que acompañó a Serret en su viaje sorpresa a Madrid el 11 de marzo para comparecer ante el Tribunal Supremo.
Después de su estreno en octubre del 2018 en la Generalitat, el Consell per la República, en diciembre el mismo año, se presentó también en Bruselas, con 800 personas en el Teatro Real Flamenco. Sin embargo, el principal acto de masas tuvo lugar en febrero del 2020 en Perpiñán, donde reunió a más cien mil personas. Su último posicionamiento político lo tomó el 29 de marzo, con una declaración política en que invitaba a ERC, Junts, la CUP, Òmnium Cultural y la ANC a un diálogo bilateral para debatir la “reformulación de la gobernanza del Consell para facilitar la inserción de la citada dirección colegiada en su estructura institucional”.
Es una entidad privada, con 94.000 asociados e ingresos suficientes para mantener a seis personas