Biden, también, contra Ayuso
El mundo vira. EE.UU. quiere subir impuestos a los gigantes tecnológicos y a los ricos para financiar sus planes. En España, el debate es otro. Gracias a Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, puede añadir un nuevo nombre de campanillas a su paranoica lista de líderes mundiales que se dedican a conspirar contra los madrileños. Nada más y nada menos que Joe Biden, el presidente de EE.UU.
El mandatario estadounidense apadrina un plan para crear un impuesto sobre beneficios a las grandes tecnológicas, la mayoría de EE.UU., que pueda aplicarse en todos los países en los que operan y que haga innecesaria la aplicación de las llamadas tasas Google que se han ido aprobando individualmente por varios gobiernos europeos. Va de suyo que esa propuesta hace decaer la amenaza de sanciones de EE.UU. a estos países, como habían planteado en el pasado reciente. Queda por delante un largo debate sobre la parte que le corresponderá a esos países y la que reclamarán para sí los norteamericanos, claro.
Asimismo, Biden quiere completar su propuesta estableciendo un impuesto de sociedades mínimo a escala internacional con el objetivo de evitar que las grandes corporaciones huyan de una jurisdicción hacia otra, en busca de la que les resulte más ventajosa. Obviamente, la necesidad aprieta y la Administración de Biden busca ingresos fiscales con los que financiar su enorme programa de incentivos fiscales a la economía, 1,9 billones de dólares, más un ambicioso plan de infraestructuras por otros 2,3 billones. Para ello pretende aumentar la recaudación fiscal a costa de las grandes multinacionales hasta 2,5 billones adicionales en los próximos 15 años.
Es prematuro pronosticar si Biden conseguirá frenar la carrera hacia abajo de los impuestos sobre las megacorporaciones multinacionales y las grandes fortunas de las últimas décadas, a lomos de la globalización y que está agrietando la sostenibilidad fiscal de los estados. Pero el notable giro de la política económica estadounidense supone un doble reconocimiento.
Primero, que las recetas aplicadas en las últimas cinco décadas en la primera economía del mundo –planes de estímulo, combinados con rebajas de impuestos y aumento del gasto armamentístico– generan déficits siderales, que inundan el mundo de dólares, con los que se financian múltiples burbujas con toda clase de activos en todo el planeta y que, finalmente, acaban en crisis financieras de dimensiones bíblicas, con consecuencias sociales crecientemente desastrosas y con los proveedores de las importaciones americanas arruinados nadando en dólares devaluados.
Una dinámica que tarde o temprano acabará poniendo en cuestión el papel del dólar como ancla del sistema monetario mundial, uno de los pilares estratégicos del dominio global estadounidense que no quiere poner en peligro. Manteniendo las políticas del pasado y con el coste de la pandemia, el déficit público norteamericano se aproximará a los periodos de guerra. Para evitar la carrera antes descrita, la recaudación debe aumentar.
El segundo, que la presión fiscal de un solo Estado sobre las megacorporaciones es estéril. Un centenar de ellas, según Biden, hasta 2.300 en la más amplia pantalla de la OCDE, siempre encuentran un refugio barato. La coordinación de los estados es pues imprescindible.
Volviendo a la España cañí, constituye un llamativo contrapunto que cuando la primera potencia económica mundial opta por formular un programa de reparto de la factura de la crisis, gravando especialmente a los más beneficiados, vinculados a la última revolución tecnológica y combinada con el cambio de hábitos derivado de las restricciones por la pandemia, en España el debate fiscal esté polarizado por la obsesión de la presidenta de la comunidad más rica por que los más ricos de sus vecinos sean los que menos paguen de todo el país. La presidenta Ayuso y la fuerza política que la respalda, claro.
Mientras el foco internacional se está desplazando hacia aquellos países que, como Holanda o Irlanda, por citar los más conocidos en el ámbito de la eurozona, compiten arrebatando ingresos a sus teóricos socios, en la capital de España la orden del día sigue siendo birlar al resto de comunidades autónomas hasta el último contribuyente rico.
Y no para que paguen más en Madrid, se trasladan allí justamente para lo contrario. Es con el único objeto de fortificar su propia posición, ampliar sus bases de respaldo político y hacer una oposición cada vez más dura contra cualquier propuesta de corrección.
¿La factura? La pérdida de ingresos la paga el resto de los territorios, lo que, en un círculo vicioso, obliga a estos a aumentar a su vez la presión sobre los que se quedan, quienes no pueden marchar. La práctica fiscal capitalina resume mejor que ninguna otra la relación parasitaria que ha establecido con el resto del país.
Visto desde la óptica de la sucesora de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Ruiz Gallardón, la ofensiva de Biden bien podría representar una nueva oportunidad de hacer apostolado de su modelo de rapiña fiscal a la baja pagada por el resto de los españoles, madrileños modestos incluidos.
Afortunadamente, Madrid no dispone de capacidad normativa sobre el impuesto de sociedades, como por otra parte tampoco el resto de gobiernos autonómicos. Pero si le damos un poco de tiempo, Ayuso o cualquiera de sus sucesores del mismo color político encontrará pronto el momento de reclamarla, en nombre de la libertad y la supuesta eficiencia económica.
En el caso de Europa, de la Unión Europea, la energía de la reacción estadounidense, junto con la persistencia de los efectos económicos de la pandemia, ha puesto en evidencia la escasa ambición de su plan de recuperación, así como la exasperante parsimonia en la ejecución. El caos europeo de las vacunas es la guinda. El tiempo corre y los estados tienen que ponerse manos a la obra para asegurar su sostenibilidad fiscal para un futuro próximo. No todos parecen conscientes de las urgencias que impone el calendario.
Biden reconoce que el viejo modelo de déficits siderales acabará con la hegemonía de EE.UU.; los ricos deben pagar
En España, el debate está polarizado en torno a los planes de anorexia fiscal que propone el PP de Ayuso