Los empleados públicos podrán teletrabajar
La Administración central pacta con los sindicatos las reglas del empleo a distancia
Los empleados dependientes de la Administración central podrán trabajar fuera de sus oficinas tres días por semana y contarán con medios informáticos y técnicos a cuenta de sus centros de trabajo.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta firmó ayer un acuerdo con los sindicatos que establecerá el marco laboral para definir el teletrabajo de los empleados públicos.
La normativa que surgirá de este acuerdo afectará exclusivamente a los trabajadores de la Administración General del Estado, un contingente de poco más de medio millón de trabajadores de los más de dos millones que integran el servicio público en España.
En España algunas comunidades tienen regulado, entre ellas el País Vasco desde el 2012 o Catalunya desde agosto del año pasado, el teletrabajo de sus empleados públicos aunque con condiciones distintas de las que ayer sancionaron el ministerio y los sindicatos.
El acuerdo suscrito afectaría a los empleados públicos cuya actividad sea compatible con el trabajo a distancia que siempre tendrá un carácter voluntario y reversible. Uno de los objetivos que persigue este acuerdo es “fomentar la presencia de la Administración del Estado en zonas de declive demográfico”, por la vía de facilitar las condiciones de trabajo.
Contra lo que se supone, la Administración española tiene una nivel de digitalización que le sitúa entre los países más avanzados en esta materia. Sin embargo ello no ha impedido que, tras el cierre de muchas oficinas durante la pandemia, se hayan producido ineficiencias.
Catalunya tiene regulado desde el pasado mes de agosto el teletrabajo a través de un decreto que estableció un máximo de dos días. Además los empleados deben utilizar sus propios medios para poder prestar sus servicios.
En el País Vasco la normativa deriva del Estatuto del Empleado Público aprobado en el 2007 y considera el teletrabajo una facilidad para personas que tiene alguna limitación, pero que pueden y quieren seguir prestando sus servicios a la Administración. Entre ellas se incluye la violencia de género. De hecho, las comunidades autónomas y la Administración central ya acordaron hace un año un marco común para avanzar en la digitalización de las administraciones públicas.
El acuerdo entre el ministerio y los sindicatos formará parte de la estrategia de transformación digital del sector público y, de acuerdo con la nota hecha pública ayer por el ministerio, se colige que formará parte de los proyectos de Recuperación, Transformación y Resiliencia bajo cuyo epígrafe podrían beneficiarse de los planes de los fondos comunitarios que esta misma mañana presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los trabajadores públicos recibirán medios materiales para poder desarrollar sus tareas fuera de la oficina