El PP denuncia a la cúpula de Interior por el caso De los Cobos
El PP presentó ayer una denuncia ante el juzgado decano de Madrid contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por un delito de prevaricación en el cese del coronel de la benemérita, Diego Pérez de los Cobos.
La denuncia se basa en la sentencia del juzgado central de lo contencioso-administrativo número 8 que anuló el relevo de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En el escrito se recuerda que el cese del coronel de la Guardia Civil está firmando por el secretario de Estado, a propuesta de la directora general, por lo que los considera responsables de esta acción, declarada nula, al no ser conforme a derecho.
A juicio del PP, los hechos resultan “especialmente graves”, no solo porque se exigía a Pérez de los Cobos, para evitar su destitución, un comportamiento que era “manifiestamente ilegal”, sino porque de haber accedido a lo que reclamaban los responsables de Interior, su comportamiento “podría haber sido constitutivo de un ilícito penal que hubiera tenido que asumir” el propio Pérez de los Cobos.
Se refiere el PP al argumento utilizado para el cese del coronel como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, de que no había informado a sus superiores en el Ministerio de los informes que se le habían solicitado desde un juzgado sobre las manifestaciones del 8 de Marzo del 2020, que estaban siendo investigadas por si el Gobierno había ocultado información sobre la pandemia para que se pudieran celebrar en el día de la Mujer.
En la denuncia, el PP subraya que pese a que los ceses son discrecionales, el Tribunal Supremo establece que su motivación debe ser suficiente, coherente, veraz, completa “y no arbitraria ni desviada, y por supuesto, en ningún caso sustentada por el incumplimiento de un acto manifiestamente ilegal”. Para el PP, en el relevo de Pérez de los Cobos “es palmario el contenido injusto” de las resoluciones de cese, que “en ningún caso se hubiera podido producir a consecuencia de un expediente disciplinario, porque no se hubiera podido sostener un procedimiento disciplinario sobre el incumplimiento de un pretendido acto ilegal”.
En la denuncia, el PP solicita que se analice si los hechos dados por probados en la sentencia son constitutivos de un delito de prevaricación, que habrían cometido el secretario de Estado, que firmó el cese, y la directora general, que lo propuso, y que ha sido ahora anulado por haber sido un relevo “manifiestamente arbitrario, ilegal e injusto”.
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