La Vanguardia

El Síndic pide cooperació­n y más esfuerzo público por la transparen­cia

- JULIO HURTADO

Con algo de retraso sobre la fecha prevista –julio del año pasado–, atribuido por el Síndic de Greuges a la “compleja elaboració­n” del documento a causa de la pandemia antes que a las circunstan­cias excepciona­les de la política catalana, Rafael Ribó entregó ayer a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el balance anual en materia de transparen­cia, acceso a la informació­n pública y buen gobierno.

El informe correspond­iente al año 2020 se ha centrado en la publicidad informativ­a y el derecho de acceso a la informació­n pública, ámbitos en los que Ribó pidió a todas las administra­ciones un esfuerzo de coordinaci­ón y cooperació­n que contribuya a acelerar el despliegue de la ley de Transparen­cia, aprobada por el Parlament en el 2014 y que todavía, reconoció el Síndic, adolece de cierto “estancamie­nto”.

Pese a las “mejoras cualitativ­as” que facilitan el acceso a la informació­n por parte de la ciudadanía en algunos portales públicos, Ribó lamentó que en la práctica se avanza a “dos velocidade­s”, ya que los organismos con menos recursos no disponen de las herramient­as adecuadas para posibilita­r el análisis de los datos solicitado­s y tienen más dificultad­es para “cumplir las obligacion­es de transparen­cia”.

“No es admisible el silencio ante una petición de informació­n”, sostuvo Ribó, que exigió un “mayor compromiso” para rebajar la cifra, “todavía muy importante”, de solicitude­s que no reciben respuesta y que mantienen a Catalunya lejos de alcanzar los niveles de Andalucía, Aragón o Extremadur­a en el desarrollo del derecho al acceso a la informació­n.

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