Sin planes de emergencia

Nunca pasa nada hasta que un día pasa. Entonces es cuando se necesita que los planes de emergencia estén a punto y se pongan en marcha con la máxima urgencia y eficiencia. Pero eso no sucederá en la mayoría de municipios de Catalunya porque más de la mitad de los que están obligados a tener planes de emergencia por la ley de Protección Civil no disponen de ellos o los tienen caducados. Los riesgos existen y son muchos. Puede ser que el fuego prenda en el bosque, o en un edificio o un comercio, que haya inundaciones, nevadas, temporales o que se produzca cualquier accidente de gravedad en industrias o en el transporte de materias peligrosas por carretera o ferrocarril.

En Catalunya hay 521 municipios que están obligados a disponer de un plan de emergencias. Son todos aquellos que tienen más de 20.000 habitantes o que estén considerados como turísticos. Pero solo doscientos lo tienen aprobado y actualizado. Esto supone una grave falta de prevención porque, en caso de que se produzca algún siniestro, la capacidad de reacción y de coordinación queda limitada y, en ese caso, el riesgo de daños es mayor. Tanto es así que, por ejemplo, en caso de un desastre natural, lo primero que exigen el Consorcio de Compensación de Seguros o el Estado para decretar la declaración de zona catastrófica es el plan de emergencia. No disponer de él –o tenerlo caducado– puede complicar la obtención de ayudas e indemnizaciones.

Resulta difícil de creer que exista una falta de responsabilidad tan elevada en los gobiernos municipales de Catalunya. Podría llegar a ser comprensible que algunos ayuntamientos pequeños, como pueden ser algunos turísticos, hayan relegado la puesta a punto de su plan de emergencias por falta de recursos. Pero en ningún caso resulta justificable que suceda en las localidades grandes, como puede ser el caso –que lo es– del propio Ayuntamiento de la capital catalana, lo que afecta a la seguridad de más de 1,6 millones de ciudadanos, sin contar la población de los municipios adyacentes.

Es necesario, pues, hacer una llamada de atención a todos los gobiernos municipales para que implementen y pongan a punto cuanto antes los planes de emergencia de sus respectivos municipios. La Generalitat, como administración pública inmediatamente superior y encargada –como tal– de la supervisión de la protección civil en Catalunya, debería ser más rigurosa y contundente en la exigencia de planes de emergencia en todos los municipios a que obliga la ley de Protección Civil.

Las gestiones y esfuerzos realizados para conseguirlo no han sido suficientes y es necesario volver a insistir en ello. Muchas vidas pueden depender de la falta de una rápida y eficiente intervención en caso de accidentes o siniestros. Sería necesario, asimismo, actualizar los procedimientos establecidos con la incorporación de las últimas tecnologías disponibles.

La Generalitat debe exigir el cumplimiento de la ley de Protección Civil a los ayuntamientos